Dos acusados de pagar a Aznar, citados a declarar en el 'caso Zamora'

El instructor del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, ha citado a declarar a los constructores Antonio San Gregorio y Miguel Vecino, a los que el también constructor Eduardo Corrales atribuye la entrega, en 1987, de dos cheques por un total de tres millones de pesetas a José María Aznar para su campaña a presidente en la Junta de Castilla y León. Martín Pallín ha reclamado nuevos datos de donativos al PP.

Según la versión de Eduardo Corrales, Antonio San Gregorio y Miguel Vecino fueron dos de los tres supuestos participantes en una reunión, celebrada en el hotel Meliá de Valladolid en la primavera de 1987, en la que se habría hecho entrega de dos talones por importe de tres millones de pesetas a José María Aznar, entonces presidente de Alianza Popular en Castilla y León. El tercer constructor habría sido César Martínez Omaña, quien el pasado martes manifestó ante el instructor, que "nunca jamás" entregó dinero al hoy presidente del Gobierno. Antonio San Gregorio declarará como imputado, mientras que Miguel Vecino lo hará sólo en calidad de testigo.El magistrado José Antonio Martín Pallín acordó también citar para el próximo 7 de abril, al principal inculpado en la causa, Luis Cid Fontán, presidente de la Diputación de Zamora entre 1983 y 1991, y actualmente diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla y León.

El instructor también ha citado como imputados a Felipe García García, ex diputado de Turismo y de Obras, el día 14 de abril; a Isaías Galende Sastre, ex diputado de Carreteras y Manuel Jambrina, ex diputado de Control de Obras, para el día 15 y al ingeniero jefe de Obras de la Diputación, Ángel Macho Jiménez, para el 20 de abril. Como testigos, ha llamado a declarar el 8 de abril al concejal del CDS en Zamora Luis Rodríguez San León, que aportó datos del caso al fiscal de dicha provincia; el día 13, a Carlos Rodríguez Fernández, director gerente de la empresa Inzamac-Tecopisa, encargada del control de la calidad de las obras de la Diputación; para el 14, al empleado de Inzamac José Ramón Jiménez Iglesias; y para el 20, a Pedro Álvaro Martín, funcionario del área de Obras.

A petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, Martín Pallín ha requerido a las entidades Banco de Castilla, Caja Salamanca, Banco Atlántico, Caja de Zamora, Banco de Madrid, y Banco Exterior, que informen de la identidad de los titulares de las cuentas en que fueron cargados determinados cheques compensados por la Caja de Ahorros Provincial de Zamora, por un importe total de 1.375.000 pesetas, así como de las personas autorizadas a disponer de los fondos.

Donativos

El instructor detalla hasta ocho talones por importes que oscilan entre las 25.000 y las 250.000 pesetas y pide a los bancos que le informen de si la entrega de dichos cheques se produjo como consecuencia de la entrega de otros talones, pagarés o instrumentos de pago similares ; o si se produjo como consecuencia de la entrega de dinero en efectivo. En el primer caso, Martín Pallín requiere los datos identificativos de los cheques, pagarés o instrumentos de pago; y en el segundo, la identificación de la persona que procedió a la entrega.El Banco Exterior deberá informar, además, "sobre los soportes documentales de once donativos realizados en 1987 que oscilaban entre 100.000 y un millón de pesetas".

El magistrado Martín Pallín se ha dirigido también a la Diputación de Zamora para que acredite si Luisa González Lombo, esposa del diputado José Manuel Peñalosa, trabaja para la institución.

El juez pide también a la corporación que certifique si en cuatro días concretos, entre septiembre y noviembre de 1993, estaba ausente el entonces presidente de la Diputación, Antolín Martín, ya que su vicepresidente, Aurelio Tomás, firmó expedientes de adjudicación de obras sustituyéndole.

El requerimiento a la Diputación incluye también las composiciones de las comisiones de Gobierno de la Corporación "desde el año 1983 hasta la fecha". El instructor requiere además al Partido Popular de Zamora las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo de dicho partido correspondientes al periodo de tiempo en que fue miembro de dicho comité Aurelio Tomás Fernández. Éste prestó declaración como imputado en la causa el pasado lunes.

Juicio ejecutivo

El instructor ha interesado, por último, al juzgado decano de Zamora que le remita testimonio del juicio ejecutivo seguido a instancia de Hermanos de la Rosa, SA, contra el ex vicepresidente de la Diputación Casto Lorenzo, en relación con una letra de cambio impagada por importe de 900.000 pesetas y firmada por el declarante, con vencimiento el 10 de diciembre de 1989. Lorenzo está imputado en la causa y declaró ante Martín Pallín el pasado día 17.También ha reclamado una sentencia a la Audiencia de Zamora relacionada con la declaración del constructor César Martínez Omaña.