El Síndic de Greuges, los abogados y las ONG denuncian la situación del centro de extranjeros

La situación del centro para extranjeros indocumentados de La Verneda es insostenible. Así lo reconoce la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ha pedido al Ministerio del Interior su traslado urgente a las instalaciones que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en el polígono de la Zona Franca. Las ONG consideran este centro el garbanzo negro del respeto a los derechos más fundamentales de la persona en Cataluña. CITE-CC OO y SOS Racismo piden su cierre y anuncian una manifestación el 4 de abril fremte a la comisaría de La Verneda. El Síndic de Greuges se suma a las críticas y pone en cuestión la eficacia de la asistencia letrada a los sin papeles. Los abogados admiten dificultades para ejercer su trabajo.

El centro de internamiento de extranjeros irregulares fue creado por el Gobierno central en 1989 y es el lugar en el que se recluye a los inmigrantes detenidos que han entrado ilegalmente en España hasta que se decreta su expulsión, trámite que no permite que la persona esté sin libertad más de 40 días. Existen seis establecimientos de este tipo en España, y el de Barcelona es el que tiene más capacidad, 120 personas. La Delegación del Gobierno en Cataluña es consciente desde hace meses de la necesidad de reubicar el establecimiento de La Verneda por considerarlo obsoleto. En este centro, con una ocupación media diaria de 45 personas, los inmigrantes residen en una planta subterránea sin acceso al exterior. El patio, en la entrada principal, no se usa porque ha habido protestas de los vecinos, según la policía. En respuesta a un requerimiento del senador socialista Joan Oliart, el Gobierno informó hace unos meses de que existe una partida presupuestaria para crear un nuevo patio en el recinto. Sin embargo, la ausencia de obras y el eventual traslado a la Zona Franca indican que esta decisión no se llevará a cabo. La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, ha enviado dos informes al Ministerio del Interior en los que detalla diferentes lugares alternativos al centro de La Verneda. La delegada propone tres solares que el Ministerio de Defensa tiene en desuso en L"Hospitalet de Llobregat, además de la posibilidad de construir un edificio de nueva planta en sustitución del Cuartel de La Remonta, en la misma localidad. El estudio concluye que la mejor decisión es la reforma de los locales de la unidad de caballería que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en el polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona. Esta solución sería la más económica y añadiría la ventaja, explica la delegada, de no tener que afrontar posibles disputas con las asociaciones de vecinos. Está previsto que la unidad de caballería de la policía desaparezca dentro de seis años, periodo para el que se le buscaría un establecimiento alternativo. La Delegación del Gobierno también baraja como opciones el cuartel de Sant Adrià de Besòs y las instalaciones de automovilismo que la policía tiene en Sant Boi de Llobregat. Asunto prioritario Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña este asunto se considera "prioritario" y será después de las vacaciones de Semana Santa cuando la propia delegada se entreviste con el director general de la Policía para decidir el lugar definitivo en el que se ubicará el nuevo centro de internamiento de extranjeros indocumentados. Julia García-Valdecasas considera que esta es una cuestión de vital importancia para la policía porque, según explica en el informe remitido al Ministerio del Interior, el traspaso de competencias que se efectúa a la policía autonómica está llevando a que el control sobre la inmigración se convierta en la primera actividad del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña. Las ONG rechazan de plano que una comisaría policial sea el lugar idóneo para retener a los inmigrantes que han de ser expulsados del país. SOS Racismo es la que va más lejos y pide la eliminación de estos establecimientos en toda España. Dentro de unos días iniciará una campaña en la que, a través de unos trípticos informativos, denunciará el estado de estos centros y ha convocado una manifestación para el 4 de abril delante de la comisaría de La Verneda, en la que exigirá su cierre definitivo. El presidente de la asociación CITE-CC OO, Miguel Pajares, denuncia que los inmigrantes recluidos en La Verneda no tienen libertad de movimientos dentro del recinto y que las ONG continúan sin poder acceder para realizar tareas de asistencia social externa. Pajares agrega: "El actual panorama es de ausencia de garantías de derechos básicos y el nuevo reglamento que aprobó el Gobierno en febrero sigue dejando un amplio margen a los funcionarios a la hora de aplicar medidas disciplinarias". Las ONG también critican que los extranjeros que residen en La Verneda padecen un régimen de visitas muy restrictivo, que carecen de infraestructuras para realizar actividades y que las comidas no respetan las costumbres religiosas de los detenidos, en su gran mayoría musulmanes. El Colegio de Abogados de Madrid difundió recientemente un estudio en el que concluía que estos centros "rozan la inconstitucionalidad" porque los extranjeros detenidos tienen menos garantías que en una prisión. El último informe del Síndic de Greuges pone en duda la eficacia de la asistencia letrada a la que tienen derecho los inmigrantes recluidos en La Verneda, a los que se trata como delincuentes. El Colegio de Abogados de Cataluña reconoce que sus letrados del turno de oficio tienen dificultades para ejercer una defensa con plenas garantías y esgrimen dos problemas básicos: la falta de intérpretes para entenderse con sus defendidos y que los cortos plazos de expulsión no dan tiempo a preparar una buena defensa. El vicedecano Josep Giol apunta: "La nueva ley de extranjería debería establecer más garantías a los inmigrantes para que éstos puedan defenderse como cualquier otro ciudadano".