El PP logra que la comisión del 'caso De la Barreda' indague sólo sobre el Gobierno canario

El Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad, la creación de una comisión que investigará las diferentes acusaciones de irregularidades vertidas por el ex consejero de Industria y Comercio y ex presidente insular del PP en Tenerife, Francisco de la Barreda, contra miembros del Ejecutivo autonómico y el propio PP. La comisión (que debe finalizar sus trabajos el 14 de abril) fue propuesta por los socialistas, pero a instancias del PP aceptaron que sólo se investiguen los asuntos que conciernen al Gobierno canario.

En las últimas semanas De la Barreda, aún diputado nacional popular, ha destapado las amenazas recibidas desde un teléfono del PP en el cabildo insular de Tenerife, denunciando ante la Comisión de Garantías del partido y la Fiscalía Anticorrupción actuaciones irregulares por miembros del Ejecutivo autonómico.El caso De la Barreda, que tras la agresión sufrida por la letrada del PP, Julia Bango, ha alterado la escena política en Canarias, entra "limitado" en la Cámara. Pese a la unanimidad sobre la constitución de la comisión, existen discrepancias sobre su "utilidad real" ya que, a juicio de algunos parlamentarios, la inminente disolución del Parlamento imposibilitará finalizar la investigación.

Mientras el diputado regional del PP Benicio Alonso se mostraba a primera hora de la mañana convencido de la oportunidad de "habilitar los días que fueron necesarios para garantizar que los miembros de la comisión cuenten con un tiempo razonable", la dirección del partido se ha mostrado contraria a que el calendario de sesiones se vea alterado. En este sentido, el presidente del PP canario, José Miguel Bravo de Laguna, indicaba minutos antes del inicio de la sesión que "no tiene sentido cambiar las fechas previstas".

La constitución de la comisión ha sido posible después de que el grupo solicitante, el PSC-PSOE, aceptara la citada propuesta del PP, en la que se exigía que "sólo se investiguen aquellas denuncias en las que se implica directamente al Gobierno, dejándose fuera", según advirtió el líder de los populares canarios, "otros asuntos que sólo conciernen al PP y en su caso a las instancias judiciales".

Para el PP carece de sentido que la Cámara entre en "capítulos que en forma alguna han de ser discutidos en otro ámbito que no sea el de los propios órganos del partido".

Sin reticencias

Esta iniciativa fue acogida sin demasiadas reticencias por el grupo parlamentario del PSC-PSOE. Desde que el ya destituido presidente insular del PP en Tenerife hiciera pública la larga lista de denuncias, los socialistas habían insistido en la oportunidad de clarificar las irregularidades apuntadas por De la Barreda. Sin embargo, han preferido aceptar las "reglas del juego" que el Grupo Popular ha entendido imprescindibles para poner en marcha la comisión de investigación.Tanto el PSC-PSOE como el PP y sus socios nacionalistas -Coalición Canaria- han preferido que sean las instancias judiciales y las diferentes administraciones públicas, que han aparecido en la documentación aportada por el todavía diputado popular, las que investiguen los casos restantes.

El parlamentario socialista José Alcaraz justificó la solicitud de la comisión por la "alarma social desatada en el caso de las denuncias de De la Barreda". Por su parte, para el portavoz del Grupo Popular en la Cámara regional, Javier Sánchez Simón, es el PP "el primer interesado en aportar claridad y transparencia en este asunto".

El consejero de Industria y Comercio del Ejecutivo canario, Alfredo Vigara, que comparecía ayer a petición propia para responder a las acusaciones formuladas por su antecesor en el cargo, tachó de "mentiroso" a De la Barreda.

Negó Vigara las imputaciones que se le han hecho sobre posibles irregularidades en la autorización para la instalación de un parque eólico en Fuencaliente (La Palma), así como la "inmensa niebla" que según los socialistas ha presidido la concesión administrativa para la distribución de gas canalizado en varios municipios de las islas, así como la actuación de su consejería en respuesta a la solicitud de la concesión de licencia comercial específica a una gran superficie en Santa Cruz de Tenerife.

Sobre las presuntas irregularidades en la concesión administrativa para la distribución de gas canalizado que De la Barreda ha denunciado, el consejero de Industria y Comercio negó cualquier incompatibilidad personal para firmar la orden de concesión administrativa a una propuesta en la que participaba Unelco, perteneciente al grupo Endesa, de la que fue consejero.

Vigara rechazó que se le haya concedido a Unelco una subvención de 20.000 millones de pesetas y alegó que previamente renunció a participar en los trabajos técnicos de estudio de las propuestas presentadas "ya que en ese momento ostentaba, en representación del Gobierno de Canarias, el cargo de consejero de la compañía Unelco". Sin embargo, dos meses después de señalar su incompatibilidad firmó la concesión.