Un juez halla indicios de que Gil desvió otros 450 millones al Atlético

El juez Santiago Torres, que mantiene imputado al alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, por el desvío de 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros) del Ayuntamiento al Atlético de Madrid en la temporada 1992-93, ha encontrado indicios de que a partir de 1994 "se produjo otro desplazamiento patrimonial de al menos el mismo importe". El magistrado considera que las circunstancias en las que se produjo el pago de esos otros 450 millones de pesetas pueden ser también constitutivas de delito.

En el auto en el que el magistrado fija la fianza por responsabilidad civil de los imputados en 1.200 millones de pesetas, asevera que las condiciones de contratación en las que se realizó este nuevo pago de 450 millones de pesetas "igualmente pueden resultar constitutivas de delito", en concreto el de malversación de caudales públicos.El juez Torres mantiene imputado a Gil por presuntos delitos de malversación y falsedad documental y contable por el desvío de 450 millones de pesetas de dinero público municipal al club de fútbol. Este montante supuestamente se empleó como pago del patrocinio de las camisetas de los jugadores, pero sin que se realizara contrato alguno.

Ahora, el juez sostiene que a través de la sociedad municipal Eventos 2000 se hizo otro desvío de 450 millones, en una operación en la que "no sólamente se vulneró la ley administrativa aplicable, sino que se dispuso de fondos que no estaban presupuestados sin disponer para ello tampoco de un crédito extraordinario".

Dos sociedades

Ambas circunstancias generan, según el auto, "una responsabilidad civil de los imputados que debe afianzarse" y puntualiza que también se debe considerar responsables civiles al Atlético de Madrid, SAD (que preside también Gil), y a Promociones Futbolísticas, SA, ya que son ambas sociedades, "aparte de el propio patrimonio personal de los imputados, quienes han obtenido el lucro de las operaciones delictivas investigadas".Gil se encuentra actualmente en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas. En ese auto en el que establece esa fianza de 1.200 millones por responsabilidad civil, el juez advierte de que, de no hacerse efectiva "en cualquiera de las formas legalmente establecidas", se procedería al embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades. Precisa además que, si los imputados en el caso no afrontan la fianza impuesta, "deben acreditar su insolvencia".

Jesús Gil presentó el lunes un escrito en el juzgado en el que aparecían señalados los bienes para hacer frente a la citada fianza por responsabilidad civil, que ya ha sido recurrida en reforma.