El ex vicepresidente de la Diputación de Zamora niega el cobro de comisiones

El ex vicepresidente de la Diputación de Zamora Aurelio Tomás Fernández, al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye la adjudicación de 51 expedientes de obras conteniendo irregularidades para beneficiar a determinados constructores, defendió ayer la legalidad de su actuación ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Tomás, que dijo estar "encantado" de declarar ante el Supremo, compareció como imputado para negar el cobro de cualquier tipo de comisiones.

Aurelio Tomás Fernández sustituyó en octubre de 1992 a Dionisio García Carnero como delegado en el área de Obras de la Diputación de Zamora y desempeñó una vicepresidencia de la corporación desde junio de 1993.Una de las denuncias formuladas públicamente por quien fuera presidente de la Diputación, Antolín Martín, hace referencia a que Tomás y Dionisio García Carnero adjudicaron directamente obras sin tener competencia para ello.

En el sistema de competencias establecido en la ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de las Corporaciones Locales solamente corresponde al pleno y al presidente de la Diputación. Tanto Tomás como García Carnero adjudicaron supuestamente numerosas obras sin que se les hubiera delegado en modo alguno la competencia por parte del presidente.

En sus dos horas de comparecencia ante el magistrado instructor, Tomás reconoció su firma en 51 decretos de adjudicación directa de obras.

Luego, al término de su declaración, explicó a los informadores que él firmaba los decretos cuando faltaba el presidente y que dicha sustitución era "automática" y no necesitaba de delegación expresa.

Según el abogado Jacobo Echeverría, que ejerce la acción popular en nombre de nueve diputados provinciales del PSOE zamorano, Tomás "ha tratado de justificar su firma" en su declaración ante el Supremo.

En su querella, la acción popular señala que entre el presupuesto de ejecución y el precio de adjudicación las diferencias en la mayoría de los casos son mínimas, lo que, a juicio del PSOE, revela continuidad con el sistema irregular de contratación de obras.

También observa que en ocasiones entre la fecha de la firma del contrato y la recepción provisional apenas transcurren unos días -en algunos contratos, tres o cuatro días-, plazo en el que resulta prácticamente imposible que puedan realizarse las obras, por lo que, según los querellantes, "o algunas ya estaban ejecutadas cuando se realizaba el contrato o la selección de los contratistas se hacía prescindiendo de cualquier procedimiento legal".

Sin embargo, Tomás insistió: "Es falso que en la Diputación, por lo que yo conozco, haya habido corrupción de ningún tipo ni cobro de comisiones por adjudicación de obras".

En la tarde de ayer también declararon el ex diputado Vicente Vaquero, quien se negó a hacer manifestaciones ante los periodistas, y el constructor Máximo San Gregorio.