El PP pregunta a Molins por un crédito oficial a su hermano

Demasiado tarde. El fuego del caso Piqué se extendió ayer a la casa vecina de CiU. Los convergentes habían asegurado que no entrarían en los negocios del ministro portavoz del Gobierno de Aznar. Y así lo hicieron. Pero unas palabras del candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Joaquim Molins, afirmando que "sentiría vergüenza de ser diputado del PP" en Cataluña atizaron las brasas. Y el presidente del Grupo Popular en el Parlament, Josep Curto, sacó a relucir que Molins fue un "mal consejero" y reveló que el Instituto Catalán de Finanzas concedió en 1993 un crédito de 120 millones de pesetas y un aval de 80 millones a Escofet, una empresa de la que era consejero Joan Molins, hermano del ex consejero de Política Territorial.

"Lo más importante es la transparencia y no aprovecharse de los cargos para que se beneficien empresas con familiares de los políticos", afirmó Josep Curto. El presidente del Grupo Popular, que en la anterior legislatura destacó por su labor de fiscalización de los créditos y avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), explicó que el 5 de noviembre de 1993 la Generalitat concedió un aval de 80 millones de pesetas y un crédito de 120 millones a la empresa Escofet 1886, SA, de la que era vocal y consejero Joan Molins Amat, hermano del ex consejero. Curto añadió que la familia Portabella Alós tenía el 6,60% de las acciones de esta empresa. Josep Maria Portabella Alós "era y es" interventor general de la Generalitat. Joaquim Molins, que ocupó los departamentos de Comercio, Consumo y Turismo, y de Política Territorial y Obras Públicas, dejó el Gobierno de la Generalitat el 6 de junio de 1993 para pasar a ocupar después un escaño en el Congreso de los Diputados. Es decir, que dejó el cargo de consejero cinco meses antes de la concesión de crédito. En aquella ocasión, Curto no denunció que el alcaldable de CiU tuviera vínculos familiares con la empresa beneficiaria del crédito y el aval. Sí consideró que no se ajustaba a ley el hecho de que el interventor general de la Generalitat fuera consejero de la empresa hasta que dimitió, 11 días después de que se hubiera aprobado la operación. Ahora, sin embargo, el clima político recomienda que se desentierre el hacha de guerra. Y el PP quiso pagar ayer con la misma moneda que lo está haciendo CiU con el ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué. Curto, que ayer exigió a Molins explicaciones por estos hechos, quiso responder así a las declaraciones que por la mañana realizó el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, quien afirmó que le daría "vergüenza" ser diputado del PP por el comportamiento que han tenido en el Parlament. Molins sugirió que el voto de castigo ejercido por el Grupo Popular el pasado martes en el Parlament era fruto no de convicciones, sino de instrucciones. Ese día los populares dejaron en minoría a CiU con motivo de la llamada guerra de los geriátricos. "La vergüenza no es ser un político catalán del PP, sino que la vergüenza es ser un mal consejero y un mal gestor público", afirmó ayer Curto. El diputado del PP agregó que Joaquim Molins "tuvo que dejar la política catalana por su falta de oficio en los debates de política territorial, sobre el trasvase del Ebro y en el de los vertederos de residuos industriales en la Conca de Barberà, lo cual provocó un conflicto social y político de consecuencias irreparables". El rifirrafe entre el PP y CiU se produce en vísperas de que el Parlament discuta la decimosexta reprobación contra un consejero de la Generalitat. En este caso se trata del titular de Trabajo, Ignasi Farreres. Anteayer, el propio secretario general de CDC, Pere Esteve, aseguraba que CiU no iba a dejarse arrastrar "por un estilo de acoso y derribo que recuerda el de 1995", utilizado por el PP con respecto al último Gobierno socialista de Felipe González. Ahora todo parece estar en el aire.