Castilla-La Mancha sancionará los cortes de luz hasta con 500 millones

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, por asentimiento, tomar en consideración una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para garantizar la calidad del suministro eléctrico. La futura ley contempla sanciones hasta de 500 millones de pesetas para las compañías suministradoras por los cortes no justificados del suministro de energía eléctrica. La medida afectará sobre todo a tres suministradores en la región: Iberdrola, Unión Fenosa y, en menor medida, Sevillana.

Las autoridades castellano-manchegas -el Gobierno que preside José Bono apoya la iniciativa socialista- tratan de evitar los habituales cortes de energía eléctrica que afectan especialmente a las zonas rurales y también a la capital de la comunidad, Toledo. Iberdrola y Unión Fenosa se reparten, prácticamente al 50%, el suministro a la región, con Sevillana de Electricidad con una leve presencia en el sur. Iberdrola suministra a la ciudad de Toledo. Según fuentes cercanas al Gobierno regional, la ley será un aliciente para que las compañías, poco dadas a invertir en conservación y mejora de líneas en zonas de escasa densidad de población, se preocupen por la calidad del servicio que suministran. Como anécdota, los promotores de la iniciativa recuerdan que en la pasada Nochevieja amplias zonas de Ciudad Real y de Toledo se quedaron sin electricidad durante horas. Los cortes afectaron también a la capital, Toledo.La futura norma establece que los cortes programados por las empresas distribuidoras deben contar con la previa autorización administrativa y que las interrupciones del suministro deben ser comunicadas a los consumidores afectados, como mínimo, con 24 horas de antelación.

Asimismo establece la obligación, para las empresas suministradoras, de realizar inspecciones periódicas para garantizar la calidad y seguridad de sus instalaciones y una adecuada prestación de su servicio.

En el comunicado hecho público ayer por la Junta de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la iniciativa, se afirma que la ley "pretende acabar con la sensación de impunidad de las eléctricas cuando se producen este tipo de irregularidades en el servicio y proteger el derecho de los ciudadanos a un servicio que consideramos básico y que se debe prestar en igualdad de condiciones para todos, vivan donde vivan".

El consejero de Industria y Trabajo de la Junta, José Fernando Sánchez Bódalo, destacó al respecto que, mientras a las compañías se les ha asegurado más de un billón de pesetas en compensaciones por la transición a la competencia, en las normas aprobadas para el sector (Ley Eléctrica de 1997) sólo se estipulan 10.000 millones de pesetas, a invertir en 10 años, para mejora de la calidad eléctrica.

Según Sánchez Bódalo esta situación trae como consecuencia que las compañías inviertan sólo en aquellos lugares donde esperan rentabilizar sus inversiones, por lo que en las zonas que tienen menos consumo o menor densidad de población nadie les puede obligar a invertir.

"No es una ley contra las compañías", aseguró el consejero, "sino una ley que permite acabar con la opacidad, con la falta de transparencia e introducir en este sector la luz para ganrantizar los derechos de los consumidores, de los usuarios y también de las compañías eléctricas".

Carta a Piqué

Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, envió ayer una carta al ministro de Industria, Josep Piqué, en la que le exige que cumpla sus compromisos de negociar el futuro de la empresa Fertiberia, sobre la que pende un expediente de regulación de empleo que afecta a 500 empleados (229 de Puertollano) y que exige una tarifa blanda para el gas natural que consume en sus instalaciones.

Además de exigir a Piqué que cumpla sus compromisos, Bono reprocha al ministro que no atienda a sus llamadas. En la carta, el presidente regional asegura a Piqué que "su tardanza en contestar no es razonable" y que menos aún lo es "la llamada que el pasado día 12 hizo su secretaria, Carmen, para decir que el señor ministro no atenderá al presidente de Castilla-La Mancha a causa de la actitud del PSOE hacia él".

El comportamiento de Piqué, en opinión de Bono, sólo sirve para "reforzar las críticas y especulaciones sobre su conducta en la política de subvenciones". "El empleo de 500 trabajadores [de Fertiberia]", continúa la carta, "no puede ser moneda de cambio para impedir el legítimo derecho de cualquier oposición parlamentaria a criticar a los ministros".

"Pese a su situación personal", añade Bono, "usted, como ministro de Industria, no puede negarse a facilitar a esa empresa el precio del gas natural que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos le facilitó al Grupo KIO en 1995, cuando usted presidía, precisamente, la empresa Fertiberia".