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Un protocolo que entrará en vigor este año regulará la atención de urgencia a los enfermos mentales

Un año después de haber presentado 67.000 firmas en el Parlament en demanda de una regulación de los servicios de urgencias psiquiátricas, los familiares de enfermos mentales de Cataluña han logrado su objetivo. Desde hace 9 meses, una comisión mixta ha trabajado en la elaboración de un protocolo, ya ultimado, que evitará, entre otras cosas, que los agentes de seguridad se muestren reticentes a actuar sin una orden judicial cuando sean requeridos para contener o trasladar al hospital a un enfermo mental que presente un comportamiento agresivo.

Las agrupaciones de familiares de enfermos psíquicos decidieron recoger firmas para impulsar una iniciativa legislativa que garantizara la atención adecuada a las personas con trastornos mentales, ya que los servicios de urgencias ordinarios a menudo se niegan a atender a estos pacientes porque no se consideran capacitados y la policía se inhibe si no dispone de una orden judicial. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales, Silvestra Moreno, expresó ayer su satisfacción ante el nuevo protocolo, ya que, en su opinión, recoge en gran medida las demandas de la entidad. "Principalmente, lo que pedíamos para los enfermos psíquicos es que tuvieran derecho a ser atendidos adecuadamente en caso de urgencia, como cualquier otro paciente", afirma Moreno. El plan, que empezará a aplicarse de forma paulatina dentro de unos meses, pone especial énfasis en la coordinación y colaboración entre los distintos departamentos y administraciones implicadas en la asistencia a enfermos mentales (médicos, jueces, fuerzas policiales y familias). Cualquier profesional que deba atender a un enfermo que ha sufrido un brote psicótico y necesite atención urgente podrá solicitar orientación sobre cómo actuar a través de un servicio telefónico que se pondrá en marcha de forma territorializada. Según explicó el gerente de salud mental del Servicio Catalán de la Salud, Josep Ballester, todos los equipos de atención psiquiátrica recibirán formación básica y continuada y se promoverá una campaña de información para que el usuario conozca los dispositivos que tiene a su alcance. Sanidad fijará un presupuesto para poner en marcha el plan, que ayudará especialmente a las familias de las zonas rurales, ya que suelen tener mayores dificultades para conseguir la colaboración de las fuerzas policiales cuando el paciente que ha sufrido un brote se niega a ser asistido. El protocolo deja claro lo que ya está previsto por ley aunque a menudo se ignora: que en caso necesario, el médico puede ordenar un internamiento o un traslado forzoso del paciente sin una orden judicial. La decisión, sin embargo, debe comunicarse al juez antes de 24 horas.

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