Los jueces de lo Contencioso creen que Vizcaya comete "un acto de insumisión" a la democracia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del País Vasco, en la que se integran los magistrados criticados por la Diputación vizcaína, consideró ayer la actitud de esta institución como un "acto de insumisión al sistema democrático de libertades". La sala trató ayer en un pleno la reapertura de la guerra contra la sección que ha juzgado decisiones de la Diputación y anunció que seguirá cumpliendo su "función jurisdiccional con la firmeza que cada caso reclame". El PSE-EE vizcaíno desautorizó a sus diputados que apoyaron investigar la actuación de los jueces.

Los quince magistrados que componen la Sala de lo Contencioso (cinco por cada sección) abordaron el nuevo pronunciamiento hostil de la Diputación de Vizcaya, el tercero en año y medio, contra el tribunal que ha cuestionado la legalidad de varias actuaciones en materia de personal. Anteayer, la institución foral pidió al Tribunal Superior vasco que abra una inspección ante la supuesta "comisión de graves irregularidades" por la Sección Tercera de lo Contencioso, a la que acusa de transgredir el principio de separación de poderes e inmiscuirse en competencias propias de la Diputación. La Sala precisó en un comunicado que no es parte, sino órgano interpuesto entre los denunciantes de la política de personal foral -que son trabajadores- y la Diputación. "El tribunal emite pronunciamientos dirigidos a dirimir un conflicto sostenido entre las partes contendientes y no entre algunas de ellas y el tribunal", aclaró. La nota oficial, que sugiere la exigencia por parte de la Diputación de un trato distinto para enjuiciar sus actos, recuerda que las Administraciones públicas "no ostentan ningún privilegio, sino que son tratadas procesalmente en el mismo plano de igualdad jurídica que todas las personas". Y lanza a continuación una advertencia al ente foral: "La voluntad de incumplimiento por cualquier administración pública de las sentencias y resoluciones judiciales que le resultan adversas constituye un acto de insumisión al sistema democrático de libertades". Precisamente, dos de los casos invocados por Vizcaya para censurar a los magistrados de la Sección Tercera tienen relación con esta aseveración. La oferta de empleo de 1993 fue anulada en 1996 por la Sección Tercera de lo Contencioso, que en un auto del pasado noviembre obligó a cumplir la sentencia y estimaba que la Diputación pudo cometer un delito de desobediencia. La segunda situación es la polémica contratación de 1981 de 143 personas, anulada por el Tribunal Superior y el Supremo, y cuya sentencia no se ha ejecutado. Los magistrados reiteran el compromiso de cumplir su función jurisdiccional "con la serenidad pero también con la firmeza que cada caso reclame". Y, tras reconocer que la Diputación vizcaína "goza de libertad" para criticar resoluciones y presentar reclamaciones por el funcionamiento del tribunal, subraya que todos las sentencias que han motivado la crítica foral son ya firmes, "bien por no haber sido recurridas en tiempo y forma, o bien por haber sido desestimados los recursos interpuestos contra ellas". La sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también opinó sobre este asunto y expresó su "más enérgica protesta" por la actitud de la Diputación. Este colectivo hizo un llamamiento al ente foral para que reconduzca los debates por los cauces adecuados y se decida, "de una vez por todas y de forma contundente", a respetar la división de poderes. La APM admitió que la interpretación de la ley puede ser objeto de crítica, pero "no es de recibo", precisó, "que se pretenda ver en las resoluciones judiciales animadversión o contienda con ninguna de las partes en proceso". "Deberían ser, precisamente, las instituciones públicas las que hicieran gala de una especial consideración con las resoluciones judiciales". El PSE-EE de Vizcaya, socio de gobierno del PNV en la Diputación, se sumó también a las críticas pese a que sus diputados forales apoyaron el acuerdo de censura contra los jueces adoptado en consejo de gobierno. Exigió respeto a las decisiones judiciales y culpó de la situación al diputado de Presidencia, José Luis Bilbao (PNV), a quien exigió que solucione los problemas del personal y no se dedique a "endosar mala fe o aprioris en la labor de la justicia". El PNV terció en la polémica y dijo que Bilbao se limitó a trasladar "un acuerdo unánime que contó con el respaldo socialista".