Una abogada declara que Gómez de Liaño firmó una opción sobre Euman

La abogada Isabel Martínez de Salas, ex miembro del bufete de Mariano Gómez de Liaño, Asesores en Derecho, declaró ayer que aquél suscribió un contrato de opción de compra de acciones en la sociedad Euman. Relevada parcialmente del secreto profesional, la testigo dijo que no le constaban contratos de fiducia a favor de Mario Conde y Arturo Romaní en Euman. Ayer, el fiscalista de Asesores en Derecho, Fernando de Torres, dijo que la suiza Asni intervino en Promociones Hoteleras por razones fiscales.

Ayer, la mayoría de los testigos citados, a algunos de los cuales se renunció en la misma jornada, fueron una iniciativa de la defensa del acusado Mariano Gómez de Liaño. El primero en declarar fue Fernando Sixto de Torres, un experto en asesoramiento fiscal que trabajó en el bufete Asesores en Derecho. Según el testigo, la única relación entre las sociedades de Mario Conde y el grupo Euman Valyser, que representaba el acusado Eugenio Martínez Jiménez, consistía en préstamos de las mismas a Euman en el origen de esta última. Agregó que la larga inspección fiscal practicada por Hacienda sobre las empresas de Euman Valyser no halló otro tipo de vinculaciones. Preguntado por el fiscal sobre la Operación Promociones Hoteleras (compra de la citada sociedad por Mariano Gómez de Liaño, Valyser y Asni Investments y posterior venta a la Corporación Industrial Banesto), el testigo señaló que la idea de incluir a un tercero en la operación fue suya. Según dijo, por razones de transparencia fiscal, aparte de Gómez de Liaño y de Valyser, era necesario la presencia de una tercera sociedad.

Fue así, explicó el testigo, que surgió la idea de incluir a Asni Investnments. Según la versión de Gómez de Liaño, Asni es un "inversor suizo", pero uno de los fiduciarios suizos, el abogado Paolo Gallone (citado a declarar en el juicio oral el próximo 13 de abril), declaró en Lausana (Suiza), en comisión rogatoria, que Asni fue fundada para Gómez de Liaño y para el acusado Francisco Javier Sitges, quienes eran clientes suyos.

En una parte de la documentación suiza, no aportada a la causa, figuran algunos pagos realizados a través de cuentas en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), entidad que nutría de fondos a las sociedades suizas y fundaciones utilizadas en múltiples operaciones por Gómez de Liaño, a favor de Fernando Sixto de Torres, con fecha julio de 1992.

La abogada Isabel Martínez de Salas, que trabajó 10 años en Asesores en Derecho, fue la segunda testigo. La defensa de Gómez de Liaño buscaba contraponer el testimonio con el que otro abogado, José Ramón Rigal, había prestado en el juicio oral, según el cual Gómez de Liaño le instruyó a primeros de 1990 para confeccionar unos presuntos contratos de fiducia en el grupo Euman en los que figuraban como propietarios reales Mario Conde y Arturo Romaní.

La abogada, que se mostró nerviosa durante su declaración, especialmente durante las preguntas del fiscal Javier Sánchez Junco, recordó que ella había redactado un contrato de opción por el cual Gómez de Liaño y un antiguo socio suyo, Andrés Muñoz, podían adquirir participaciones en el grupo Euman. Según dijo, no tenía ninguna constancia de los otros contratos de fiducia. Explicó que sólo estuvo unos meses a cargo de la relación con Euman, en 1989, y que fue Rigal quien le sustituyó en esa tarea.

Otros ex abogados de Asesores en Derecho prestaron ayer declaración en el juicio. José Luis Zambade explicó que no consideraba que Rigal tuviese una relación especial con Mariano Gómez de Liaño como para que este último le confiase la redacción de las fiducias, cosa que normalmente, dijo, no se documenta. Zambade dijo que Rigal no tenía responsabilidades de ningún tipo en el bufete Asesores en Derecho. Sobre sí mismo se definió como "subdirector", aunque dijo que esta categoría no existía como tal. Ernesto Jiménez Astorga, abogado que, junto a otros socios, se incorporó a Asesores en Derecho en 1992, abandonó el mismo en 1993, según dijo, porque Gómez de Liaño incumplió los acuerdos pactados. También precisó que Rafael Pérez Escolar tenía poderes ejecutivos en Carburos Metálicos y que negoció con él en torno a Dorna en 1993, aunque sus poderes no eran los mismos que en Carburos.