La construcción crecerá este año un 6,5%, la mayor alza desde 1990

La construcción vive un momento dulce. Según Seopan, organización que agrupa a las grandes empresas del sector, creció a un ritmo del 5,7% durante el año pasado y totalizó una producción de 11,3 billones de pesetas. Para este ejercicio, pronostica un alza del 6,5%, la mayor desde 1990, año en que se registró un crcimiento del 9%. Por subsectores, la edificación de viviendas creció un 9% (lo hará entre un 6% y un 8% en 1999), la edificación no residencial subió un 4% (entre el 7% y el 8% este año), en tanto que la obra civil lo hizo un 6,5% (durante este ejercicio se espera entre un 9% y un 11%).

Gran parte del tirón del sector vino de la mano del incremento de la actividad exterior. La facturación ascendió a 365.000 millones de pesetas, con un alza del 16%. La cartera de contratos era, a 31 de enero de 1999, de 1,027 billones de pesetas, con un incremento del 17%.

El presidente de Seopan, Fernando Bilbao, aprovechó la presentación de estos datos para mostrar la radical oposición del sector al proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que el Gobierno acaba de remitir a las Cortes.

Ley intervencionista

En opinión de los grandes constructores, el texto es intervencionista y discriminatorio. Su principal queja es que el proyecto de ley es muy rígido en cuanto a las obligaciones de pago con los subcontratistas, pero laxa en lo que se refiere a las obligaciones de pago de las distintas administraciones con ellos.

Las administraciones públicas deben a las constructoras 710.000 millones. La demora en el pago es de una media de 6,1 meses. Las corporaciones locales son las que más tardan en abonar las obras (7,6 meses), seguidas de las comunidades autónomas (siete meses) y la Administración central (6,1 meses).

Además, las constructoras reclaman al Gobierno que mantenga alguna fórmula de financiación extrapresupuestaria para grandes obras, una vez hecha pública la renuncia al denominado modelo alemán. Seopan propone que se generalice el uso del llamado peaje en sombra, que ya está siendo utilizado por los Gobiernos de las comunidades autónomas de Murcia o Madrid.