1.300 empresas valencianas pagan el "punto verde" sin que el Consell construya plantas de envases. Primero una experiencia piloto

Más de 1.300 empresas valencianas se han adherido a uno de los dos Sistemas Integrados de Gestión (SIG), los entes autorizados por el Consell para gestionar el tratamiento de los envases desechados tras cobrar a las firmas que los han puesto en el mercado el correspondiente canon legal, más conocido como punto verde. Ecoembes y Ecovidrio, los SIG existentes en casi toda España, califican de óptimo el nivel de adhesión. Pero la Consejería de Medio Ambiente aún no puede aplicar la ley, en vigor desde mayo, porque no ha concluido ninguna de las 16 plantas previstas para clasificar los envases.

La ley de Envases y Residuos de Envases se aprobó en abril de 1997 y tenía que entrar en vigor el 1 de enero del año pasado. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente prorrogó cuatro meses su entrada en vigor. Llegado el 1 de mayo, el tratamiento de los envases en la Comunidad (también en el resto de España) incumplía la ley, puesto que la Consejería de Medio Ambiente ni siquiera había autorizado a las empresas que tendrían que cobrar la tasa, o punto verde. Ecovidrio, que gestionará el tratamiento de la mayor parte de los envases de vidrio, y Ecoembes, que se hará cargo del resto (como latas, tetra-bricks, plásticos, papel, cartón y parte de los envases de vidrio), fueron finalmente autorizados por el consejero José Manuel Castellá en junio. La ley da dos opciones a las empresas para cumplir los objetivos de la norma: o bien se integran en un SIG, pagan la tasa para lucir en sus envases el punto verde (emblema ecológico en forma de mano y una flecha que indica el reciclaje) y se olvidan de ellos; o bien los ponen en un mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Este segundo método es de difícil aplicación puesto que obliga a los empresarios a cobrar un depósito a las firmas que adquieren un envase (entre 25 y 50 pesetas) y a reintegrárselo cuando lo devuelvan. También supone a la empresa unos gastos de almacenamiento y de personal que sólo es útil para algunas empresas, por ejemplo, las que distribuyen líquidos a granel. El SIG, más fácil Con la ley en la mano, para la mayor parte de las firmas lo más fácil es adherirse a un SIG (incluso hay grandes almacenes que obligan a sus distribuidores a hacerlo). Y diez meses después de la entrada en vigor, ya hay 1.300 empresas valencianas que pagan el canon de punto verde. De ellas, 64 se han afiliado a Ecovidrio, que les cobra 15 céntimos por cada envase de vidrio con un volumen inferior a 125 militros, 20 si no sobrepasan el medio litro, y 40 céntimos si son mayores. Irma Aguado, portavoz de la empresa, se muestra satisfecha con el grado de adhesión pese a que la cifra valenciana supone menos del 5% de las empresas españolas afiliadas (1.302) a este SIG. Pero tiene una justificación: "Por tradición, en la Comunidad Valenciana hay muchísimas empresas que distribuyen vino, vinagre, leche y otros líquidos a granel, bien en camiones cisterna o en grandes envases reciclables y no es necesario que se adhieran al punto verde". Por este motivo, el mayor número de empresas valencianas que lo pagan se han adherido a Ecoembes, que cuenta con 8.300 socios en toda España, 1.235 de ellas en esta autonomía. Estas firmas pagan según el producto que ponen en circulación a unos precios que van desde las 19,56 pesetas por kilo de plásticos como el PVC hasta las 3,02 de la madera. El cartón supone un desembolso de 4,68 pesetas y las latas de aluminio cotizan a 8,45. "Con este excelente nivel de adhesiones", explica Antonio Barrón, director del departamento de empresas de Ecoembes, "la Comunidad Valenciana se sitúa en el segundo puesto del total español, sólo por detrás de Cataluña". Acuerdo marco Una sensibilidad que no sorprende a Barrón, puesto que "no es nueva, como lo demuestra el hecho de que en su territorio se encuentran unas 30 empresas recicladoras, algunas de ellas de las más importantes del sector en España". Ahora, Ecoembes está negociando un acuerdo marco con la Generalitat "para financiar el coste suplementario de la recogida selectiva, la construcción de plantas de clasificación, la separación de los distintos tipos de envases, el apoyo a campañas de comunicación para los ciudadanos y, en muchos casos, el transporte de materiales para garantizar el reciclaje". Pese a este grado de normalización de la situación legal de las empresas, los envases siguen integrando el 32% del volumen de los cubos de basura. Y según cifras de la Consejería de Medio Ambiente, el 50% de los envases puestos en el mercado acaban en los vertederos.La Consejería de Medio Ambiente tan sólo ha acometido una de las 16 plantas de clasificación de envases ligeros previstas en el Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado por el Consell. Está construyéndose en Alzira y estará lista a finales de junio, tal y como ha anunciado Gloria Arnandis, directora general de Calidad Ambiental. La consejería no tiene prisa, porque lo primero que hará cuando se acabe la planta de Alzira es iniciar una experiencia piloto que permita calcular el sobrecoste, es decir la diferencia que hay entre lo que cuesta recoger, transportar y tratar los envases y el dinero obtenido por la venta de los materiales recuperados, que volverán a usarse como materia prima. El déficit de este proceso, es la parte que se deberá financiar con el dinero del punto verde, la tasa que pagan los empresarios por cada envase puesto en el mercado. En otras comunidades, aquellas que no tienen un plan de residuos, las empresas que gestionan el punto verde (los dos SIG o Sistemas Integrados de Gestión) tienen que llegar a acuerdos con los municipios para instalar un número adecuado de contenedores de cada tipo y financiar el sobrecoste, lo que al municipio le cuesta tratar esos residuos. En la Comunidad Valenciana es la consejería la que se reserva esa función. Pacta por un lado con los SIG la financiación de campañas de educación ambiental e instalación de contenedores, y pacta por el otro la recogida y el transporte de los envases con los consistorios, que deberán utilizar la planta de clasificación más cercana. Pero faltan años para que, ensayado el proyecto piloto, los envases y embalajes reciban un tratamiento adecuado. Entretanto, se pueden dar situaciones de despiste como la que sufren los habitantes de Valencia. El PIR prevé cinco tipos de contenedores en la calle. Dos más abundantes y próximos a las casas: uno sólo para materia orgánica y otro para basura mezclada o "restos". Y otros tres: para vidrio (los iglús), para papel y cartón y el último, de color amarillo, para envases ligeros. En estos, los ciudadanos echarán latas, tetrabricks, plástico... Sin embargo, en los contenedores amarillos de Valencia una pegatina reza "sólo plástico". "Hasta que no terminen la planta de Alzira hemos tenido que buscarnos alguien que nos recupere el plástico, luego cambiaremos la pegatina", se justifican en el Ayuntamiento.