La república de los jóvenes

En el cerro vallecano de San José del Olivar se proclamó hace cuatro años una república de veinteañeros. Se trata de un rascacielos de 364 pisos baratos de alquiler autogestionado por tres cooperativas de jóvenes y construido en 1995 por el Gobierno regional, entonces del PSOE. La innovadora experiencia sólo se ha repetido en Orcasitas (Usera).Este fin de semana, con motivo de las fiestas del cuarto aniversario de la barriada, sus habitantes reclaman a la Comunidad de Madrid, del PP, que extienda el modelo para ofrecer soluciones a los problemas de vivienda de los jóvenes.

"Deberían impulsar este tipo de experiencias en vez de boicotearlas", explica Fernando Maté, presidente de Cojuvipal, una de las tres cooperativas que gestionan el proyecto. Se refiere a otras iniciativas de Leganés o Villaverde abortadas por el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón.

"Pagamos a la Comunidad el cien por cien de los alquileres sin morosidad y además hemos creado espacios culturales y seis puestos de trabajo para tareas de gestión, limpieza y mantenimiento", explica Carlos Paíno, diputado regional de IU y vecino del edificio, para demostrar que el modelo es viable.

En el bloque tienen su sede grupos de trabajo social y Radio Vallekas. Hay también una biblioteca popular (la oficial está tapiada), una sala de ensayos musicales y una asociación cultural, La Lavandería.

Por los pisos, la mayoría de menos de 65 metros, se pagan alquileres de 12.000 a 22.000 pesetas, a las que hay que sumar los gastos de comunidad porque son las cooperativas, y no el Gobierno regional, las que mantienen el bloque.

Para entrar a vivir a este edificio, que costó 2.800 millones de pesetas a las arcas públicas, los requisitos eran tener menos de 30 años e ingresos inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional ponderado, es decir con un tope de unas 380.000 pesetas mensuales brutas para una pareja con un niño. "La mayoría de los vecinos está muy por debajo de ese tope, porque hay mucha gente en paro o en precario, incluso a una decena de familias tenemos a veces que pagarles la renta los cooperativistas", dice Maté, quien añade que han denunciado a la Comunidad por subirles los alquileres el IPC anual y no la mitad, como acordó.

Estas casas son un alojamiento temporal para jóvenes con difícil acceso al mercado libre de vivienda o a las cooperativas de compra. Si mejoran sus condiciones económicas deben marcharse. "Unos 15 vecinos se han ido ya", explica Paíno, que pronto hará lo mismo. Cuando hay una vacante se recurre a una lista de espera con 400 candidatos. Se han iniciado también cuatro procesos de desahucio por no habitar en el piso.

Los vecinos aún recuerdan lo difícil que fue poner en marcha el proyecto. Ahora, mediante asambleas y consejos rectores, siguen dando forma a esta iniciativa singular en la región.