El juez del 'caso Brouard' asegura que Interior ordenó paralizar la investigación

Un alto cargo del Ministerio del Interior, dirigido entonces por José Barrionuevo, ordenó paralizar la investigación iniciada por el comisario Antonio Rosino para esclarecer el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard. Así lo asegura el juez del caso Brouard en el auto dictado en la madrugada de ayer por el que envía a prisión al entonces director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, al entonces capitán de la Guardia Civil Rafael Masa y al policía José Amedo. El juez acusa a Sancristóbal de financiar el asesinato con cargo a los fondos reservados de Interior, y a Masa, de reclutar los mercenarios.

El juez del caso Brouard, José Luis González Armengol, asegura que Interior ordenó al primer policía que investigó la trama, Antonio Rosino, la "paralización de las investigaciones policiales en curso". En el denominado informe Rosino -pendiente aún de comprobar la veracidad de la firma tras la prueba caligráfica practicada ayer por el juez- se apunta la hipótesis de trabajo de que el atentado fue obra de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Rosino trabajaba entonces con la información que le proporcionaba su confidente en el caso, Alberto Granados Céspedes. Granados fue asesinado en agosto de 1985 por Miguel Ángel López Ocaña, hermano de Rafael, condenado a 33 años por matar al dirigente independentista.El juez encarceló en la madrugada de ayer a Julián Sancristóbal bajo la acusación de haber puesto el dinero, a través de los fondos reservados, para matar al dirigente de HB, el 20 de noviembre de 1984.

Después de una maratoniana sesión de declaraciones -que se prolongó desde las 10 hasta las 4 de la madrugada de ayer- el juez responsabiliza también al entonces capitán de la Guardia Civil Rafael Masa de haber reclutado a los autores materiales para ejecutar el atentado que conmocionó a la sociedad vasca. Finalmente, se acusa al expolicía José Amedo de haber ideado y organizado el asesinato, "evitando la participación en el atentado de mercenarios de nacionalidad francesa, prefiriendo encomendar dicha tarea a personas de su entorno". Amedo se derrumbó al saber que volvía a prisión. Todos ellos ingresaron ayer en Ocaña II.

Durante su declaración, Sancristóbal reconoció su firma en dos de los cinco cheques al portador librados en una cuenta del Banco de España que, según el magistrado, sirvieron para pagar los "cincuenta millones" que costó el asesinato. El juez ordenó una prueba caligráfica de Sancristóbal para comprobar la firma de los cinco cheques librados sucesivamente entre el 8 y el 30 de noviembre de 1984.

El auto de prisión indica la clave del entonces director de la Seguridad del Estado: 128 Secretaría de Estado. Los dos primeros cheques firmados por Sancristóbal, de 10 y 15 millones, sirvieron para pagar el 50% de lo que cobraron los ejecutores del crimen. Según el auto del juez, con posterioridad al asesinato de Brouard, cometido el 20 de noviembre, se libraron otros dos cheques más: uno de 10 millones de pesetas fechado el día 28 y otro de 20 millones, el día 30.

En el nuevo auto de prisión, el juez corrige su resolución anterior al señalar que el último cheque era un "pago parcial y anticipado de otra acción perpetrada por José Luis Morcillo Pinillos y otras personas en el sur de Francia, en concreto, un atentado en un bar de la localidad francesa de San Juan de Luz, realizado a mediados de febrero de 1985".

En su resolución del miércoles, por la que encarceló a Morcillo, el juez apuntó por error que el atentado era el del bar Monbar, ocurrido el 25 de septiembre en Bayona. En el auto asegura que tras eludir a la Justicia, Morcillo "estuvo trabajando con Masa" en Suramérica entre 1990 y 1992. Masa fue enviado en marzo de 1990 por Interior a Bolivia, oficialmente como asesor en la lucha contra el narcotráfico. Sancristóbal dijo que los datos de los fondos reservados, extraídos de la causa que instruye una juez de Madrid sobre la utilización de este dinero, se habían aportado al caso Brouard para "tratar de enturbiar el sumario sobre los fondos reservados". En su descargo, declaró que esos movimientos formaban parte del "normal funcionamiento" de esa partida.

En concreto, Sancristóbal sostuvo que "50 millones de pesetas era una perfecta media posible en cualquier año" mientras estuvo en la Dirección de la Seguridad del Estado, y calificó de "ajuste de cuentas" de Barrionuevo y Vera su implicación en el caso Brouard por haberles incriminado en el caso Marey.