La juez rebaja las multimillonarias fianzas del caso del IMD bilbaíno

Una juez de Bilbao ha reducido sustancialmente las multimillonarias fianzas contra cuatro responsables del deporte en la capital vizcaína acusados de "un delito contra los derechos de los trabajadores" por despedir a 15 personas hace ocho años. La titular del Juzgado de Instrucción número 9, María José Galindo, exige ahora 6,7 millones de pesetas a cada uno, frente a los 227 que pedía anteriormente y argumenta su decisión en la "transcripción errónea de las cantidades fijadas". Juristas consultados sostienen que la medida, dictada cuando ya se ha decretado la celebración del juicio, no es conforme a derecho. El conflicto en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Bilbao se fraguó a finales de los 80, cuando el Ayuntamiento decidió adjudicar la prestación deportiva a una empresa externa, Guedan. Esta firma, fundada por dos empleados del IMD, gestiona desde entonces la organización del deporte en la ciudad. El litigio se suscitó al trasvasarse trabajadores del instituto a Guedan y empezaron las denuncias de irregularidades, como trabajar sin contrato ni cotización a la Seguridad Social e incluso cobrando el paro. En 1991, 15 monitores de Guedan fueron despedidos y una sentencia del Juzgado de lo Social estimo que hubo "una cesión ilegal de mano de obra", lo que incumple el Estatuto de los Trabajadores. El juzgado número 9 imputó el pasado año un "delito contra los derechos de los trabajadores" a cuatro personas: José Ramón Baliño, ex gerente del IMD; Francisco José Manteca, entonces y ahora jefe de personal y contratación, y Juan Luis López de Guereñu y José María de Ángel, administradores de Guedan. "Transcripción errónea" En su resolución, la juez impuso una fianza de 227 millones a cada uno y decretó su libertad provisional en un auto que abría la celebración del juicio para este verano, decisiones recurridas por la defensa de los imputados. Un nuevo auto, dictado el pasado 11 de febrero, responde a estos recursos y rectifica las fianzas impuestas "por errores que se han producido" en el auto anterior "por transcripción errónea de las cantidades fijadas". Así, de los 227 millones para cada uno se pasa a 27 en total para los cuatro imputados, cambio que ha sido cuestionado por algunos juristas. "Puede haber un error de 227 a 27, pero en todo caso debía ser para cada uno, no para todos", señalan. La resolución se ampara para el cambio en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces no pueden variar autos definitivos después de firmados, aunque "sí aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento", dice el artículo. Según las mismas fuentes, "este caso no es una mera aclaración sino una modificación sustancial".