El perito del Bazar España acusa de desidia al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Sevilla sabía desde las tres de la tarde del 31 de diciembre de 1981, exactamente 17 años antes de que 110 toneladas de escombros mataran a cinco personas, que la finca del Bazar España era peligrosa y había que derribarla entera. El informe oficial del arquitecto y perito Francisco Granero Martín para el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla describe cómo la situación de ese muro de tantas lamentaciones quedó oculta en un trasiego de papeleo -con alcaldes del PSOE, del PA y del PP- y deja claro el "exhaustivo conocimiento que poseía el Ayuntamiento sobre el estado de peligrosidad hacia la vía pública (...) de posibilidad desplome de los muros de fachada". Lo sabía, pero ni Urbanismo ni la empresa de autobuses municipales Tussam actuaron. El informe pericial responde a las seis cuestiones que planteó al perito el magistrado José Herrera, quien demandó dictámenes sobre las causas del derrumbe y el estado del muro y el "reconocimiento, análisis y resumen documental técnico que forman las diligencias previas [6760/98-N], haciendo especial hincapié sobre los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)". Granero destaca el informe del arquitecto José María Garrido Pérez, visado el 31 de diciembre de 1981, "17 años antes del día de la desgracia, en el que, tras la declaración de ruina total, literalmente manifestaba: "Proceder a la demolición de las partes más afectadas y que se encuentran en estado de máxima gravedad, a fin de evitar más daños a enseres, así como para evitar posibles daños a las personas que acuden al mismo, como a las que circulan por la vía pública". Este aserto está comentado por el perito en la página 50: "Desgraciadamente, por parte de nadie se llegaron a ejecutar las medidas que dicho arquitecto proponía en su dictamen". El perito explica que "tras los múltiples y contradictorios informes sobre el estadio o no de ruina inminente" los técnicos habían insistido "con buen criterio" en que "la demolición del conjunto total era la única solución", lo que, según otro informe del 1 de junio de 1983, "tarde o temprano" debería "acometer el Ayuntamiento". "Tenía conocimiento..." El peligro para la ciudadanía fue rubricado el 16 de noviembre de 1984 por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial, que declaró la ruina inminente del conjunto y reclamaba: "Se proceda a adoptar las medidas necesarias en evitación de posibles daños en las personas y en las cosas, dado el pésimo estado en que se encuentra el referido inmueble". También este punto va lleva un comentario del perito: "Ante esta sentencia, el Ayuntamiento tenía conocimiento del estado de las edificaciones y el peligro que se corría desde 1984". La página 51 del informe lo deja más claro: "Los hechos que van sucediéndose sobre el inmueble, en épocas recientes a partir de 1997, varios incendios, caídas de cascotes de la marquesina de la esquina entre Ronda de Capuchinos y avenida de Miraflores, etcétera, desencadenan una serie de actuaciones del Servicio Contra Incendios y de la Policía Local, con los informes técnicos municipales que confirma el exhaustivo conocimiento que de ello poseía el Ayuntamiento sobre el estado de peligrosidad hacia la vía pública (denunciado reiteradamente por los citados servicios) de posibilidad de desplome de los muros de fachada del Bazar España, tanto por las condiciones del inmueble como por las acciones de los individuos que en él se alojaban ocasionalmente". Además, desde el 21 de octubre de 1997, Urbanismo sabía que el 57,81% del terreno y el 54,95% del muro de cerramiento, eran propiedad del Ayuntamiento. El resto era de Inmobiliaria Osuna, que inscribió en el Registro de la Propiedad número 5 de Sevilla "las parcelas municipales (...) como fincas independientes". Urbanismo, o desconocía este dato o se tiró piedras a su tejado cuando, el 12 de enero de 1998, en un escrito en el que instaba a Osuna a macizar los vanos, decía que se podrían "imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los deberes de conservación que le correspondieran (...) que deberá responder por los daños que cause en la vía pública". El perito dice que esta advertencia "sería extensiva tanto a Osuna como al Ayuntamiento". No sólo la GMU tuvo en su mano cambiar las cosas. También Tussam, la empresa de autobuses, pudo cambiar la parada, instalada allí desde 1957, en la que murieron Ana María Barroso, Tomas Carroza, Encarnación Ramírez, María Pruaño e Irene Moreno. El 31de diciembre, seis personas se protegieron bajo la marquesina del viento y la lluvia. Una mujer, I. B. M, presintió que el muro podía caerse, "ya que cayeron a la acera varios trozos del muro. Antes de llegar a la esquina se derrumbó". El perito dice que tras acabar las obras de demolición interior (11 de mayo de 1998), "habida cuenta de la situación del muro, hubiese sido conveniente, mejor dicho, necesario y deseable", que Tussam hubiera aplicado su reglamento y se hubiese "replanteado y reinstalado [la parada] en un nuevo lugar". Ésta era la situación del 31 de diciembre y es la verdad oficial a día de hoy. El viento hizo el resto.