La Junta sostiene que la contaminación del Guadiamar desaconseja cultivos en el valle

Los consejeros de Medio Ambiente, José Luis Blanco, y Agricultura y Pesca, Paulino Plata, defendieron ayer la necesidad de que los terrenos afectados por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar no vuelvan a cultivarse para evitar "riesgos comerciales" para la producción agrícola andaluza en los mercados nacionales e internacionales. Tras conocer los resultados del último informe del Consejo Superior de Investigaciones Científica, que sostiene que el 68 % de las tierras del Guadiamar están contaminadas por arsénico, Blanco aseguró que estos datos "contribuyen a clarificar" el debate sobre el destino final de esos terrenos. El consejero de Medio Ambiente indicó a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz que la Junta respetará los criterios definidos por el CSIC en relación a la contaminación de suelos por entender que son "los más solventes" . Y anunció que la Junta iniciará en breve la reforestación en fincas públicas en las que se han concluido las tareas de limpieza. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de corredor forestal que el Gobierno andaluz pretende realizar a partir de la zona afectada por el vertido en el valle del Guadiamar. El consejero de Agricultura, Paulino Plata, destacó que el último informe del CSIC advierte sobre la existencia de "problemas que pueden durar algún tiempo", por lo que se mostró convencido de que "la mejor respuesta que se puede dar a los agricultores es comprar las tierras y ayudarles en el proceso que van a tener ahora de inactividad". Hasta ahora la Consejería ha comprado 18 fincas y tiene previsto adquirir otras 15 en breve. En total, son 150 las propiedades implicadas y el Gobierno andaluz está dispuesto a iniciar su expropiación en caso de no llegar a un acuerdo con los agricultores. Asaja La lectura que realizó la asociación agraria Asaja del informe del CSIC fue diametralmente opuesta. El secretario general de la organización en Sevilla, Miguel Afán de Ribera, sostuvo ayer que las conclusiones del grupo de expertos "no son válidas para para fines agrícolas". Afán de Ribera, rechazó que el porcentaje de terrenos afectados que presentan esos niveles superiores fuera del 68%, y apuntó que "el CSIC no puede llegar a esas conclusiones en base a la metodología empleada para el análisis de la zona". El dirigente de Asaja se reafirmó en el análisis que la asociación encargó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (Inia), dependiente del Ministerio de Agricultura que concluía que el 84% de las fincas afectadas eran aptas para el cultivo 10 meses y medio después del vertido. Afán de Ribera aseguró que sus informes están completados con fichas técnicas y concedió mayor valor a sus conclusiones, por basarse en "muestras recogidas en 3.000 hectáreas". En todo caso, Afán de Ribera indicó que el interés de su organización era unificar criterios para dictaminar el estado de los suelos afectados por el vertido tóxico, para lo que anunció una próxima reunión con el presidente del CSIC y representantes del Inia. El dirigente agrario instó a la Junta a pronunciarse "para favorecer la discusión".