El Gobierno catalán no ha creado ni una sola plaza geriátrica pública en 22 de las 41 comarcas

El Partit dels Socialistes (PSC) cree que la Generalitat ha fracasado en su modelo de atención a la tercera edad y pide a Jordi Pujol un cambio inmediato en su política social. Los socialistas han contabilizado hasta 22 comarcas en las que la Administración autonómica no ha invertido ni una peseta, desde 1982, para hacer nuevos geriátricos. El PSC propone un pacto institucional que permita la creación de 10.000 nuevas plazas residenciales en ocho años, de las cuales 2.500 deberían realizarse urgentemente en la mitad de tiempo. El coste global es de unos 75.000 millones de pesetas.

El PSC presentó ayer un estudio en el que, según sus datos, se demuestra que el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) "no ha adaptado los recursos a las necesidades de las personas mayores dependientes". Los socialistas consideran que se debería garantizar en cada comarca un promedio de tres plazas geriátricas de financiación pública por cada 100 habitantes mayores de 65 años. A partir de esta referencia, que se considera mínima si se compara con el resto de Europa, sólo seis comarcas no necesitarían nuevas inversiones por la buena proporción de plazas subvencionadas de que disponen: Conca de Barberà (5,73), Ripollès (4,89), Pallars Sobirà (4,07), Solsonès (3,73), Maresme (2,90) y Baix Ebre (2,85). Propuesta territorial El PSC detalló ayer cómo deberían satisfacerse estas necesidades territoriales en dos fases. Según sus datos, en la comarca del Barcelonès tendrían que crearse 2.500 nuevas plazas asistenciales subvencionadas, de las cuales 1.500 deberían hacerse en cuatro años. En este mismo periodo de urgencia, el Tarragonès precisa 240 y el Montsià 160. En el plazo de ocho años, el Vallès Occidental (1.800), el Baix Llobregat (850) y el Vallès Oriental (700) serían las comarcas que capitalizarían el reparto debido a su elevado porcentaje de ancianos. El PSC calcula que las 2.500 plazas de la primera fase costarían 18.000 millones de pesetas, mientras que la operación global de crear 10.000 elevaría la cifra a 75.000 millones. Los socialistas coinciden con CiU en que hay que revisar al alza la aportación del Estado en los servicios sociales que la Generalitat presta en Cataluña. Esta cuestión no justificaría, según ellos, la gestión del consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, quien se enfrenta a una reprobación en la sesión del Parlament que se inicia hoy.