S La cúpula de Sanidad decidió informar sobre el sumario de la hepatitis C pese a la orden del juez

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, decidió tras una reunión con varios altos cargos de su departamento seguir informando sobre el sumario de la hepatitis C pese a la primera orden en contra del juez encargado de investigar el masivo contagio, cursada el pasado mayo. Ese acuerdo, tomado tras una reunión en la que participaron algunos de los altos cargos de la consejería, perseguía, aún a riesgo de desoír una orden judicial, exculpar de cualquier responsabilidad a la Generalitat además de mantener informada a la opinión pública sobre un contagio masivo que generó una importante alarma social. La existencia de la reunión trascendió ayer, tras las declaraciones de seis altos cargos de Sanidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"Más convencido". Francisco Davó, el abogado de Juan Maeso, despachó con esta escueta frase su parecer sobre las declaraciones de seis cargos de la Consejería de Sanidad, que ayer declararon en la sala Civil y Penal del TSJ en relación con la investigación seguida contra Farnós. Para el abogado del anestesista imputado, las comparecencias de ayer reforzaron la acusación que pesa sobre el consejero, imputado por un supuesto delito de revelación de secretos. "Las pruebas van conduciendo la investigación hasta el punto en el que creo que, en su momento, se podrá pedir que se abra el juicio" contra el consejero, aseguró ayer Davó. De hecho, según fuentes cercanas al caso, varios de los cargos que ayer declararon confirmaron dos extremos de gran importancia para la investigación. Conocimiento del fax La primera confirmación importante es que Farnós leyó en octubre -era plenamente consciente- de la comunicación en la que el juez Ortega instaba a la consejería a no dar "publicidad a la información de los resultados de las analíticas" realizadas por los servicios epidemiológicos de la consejería en relación con el brote de hepatitis C. El magistrado recordó, en una providencia enviada por fax, las restricciones establecidas por la legislación en ese sentido. La segunda es que Farnós presidió el pasado mayo una reunión en la que varios miembros de su departamento -desde el secretario general hasta todos los directores directores generales pasando por su subsecretario- debatieron la línea informativa a seguir a la vista de la primera orden del juez. Optaron por revelar, a pesar del mandato de Ortega, información en manos de su departamento y contenida en el sumario practicado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Y lo hicieron por dos motivos. Tanto para informar a la opinión pública -alarmada por un problema que puso en duda la fiabilidad del sistema sanitario público- como para acotar las responsabilidades de la masiva infección. Farnós está imputado por difundir, en una comparecencia pública, los resultados de un informe epidemiológico que vincula a Maeso con 171 casos de contagio. El delito de revelación de secretos cometido por una autoridad está castigado con una pena máxima de tres años de prisión. Ésas son la conclusiones más importantes de las cerca de seis horas de declaraciones realizadas ayer ante el instructor de la causa, José Luis Pérez Hernández. El director general de Salud Pública, Francisco Bueno, cuyo departamento lidia directamente con el brote, compareció ante el juez durante cerca de tres horas. Intranquilo aunque solícito, no eludió ninguna de las preguntas del magistrado. El secretario general administrativo de la consejería; Salvador Algarra, el ex jefe de gabinete de Farnós; Víctor Llanes, el director general de Asistencia Especializada, Marciano Gómez; el subsecretario de la Consejería, Rubén Moreno, y la jefa de prensa de Farnós, Susana Fabregat, completaron el resto de declaraciones. Tras estar poco durante poco más de media hora por cabeza ante el juez, todos ellos abandonaron el TSJ sin realizar ningún tipo de declaración. En casi todos los casos, respondieron un cuestionario módelo que pretende aclarar si el consejero, una vez establecido que difundió el "núcleo esencial" de un sumario judicial, lo hizo con conocimiento de causa, es decir, de manera "dolosa". Según fuentes de la consejería, no todos los testigos del caso aportaron información relevante para la causa. El juez que investiga el brote de la hepatitis C hizo una deducción de testimonio contra Farnós -una denuncia- por divulgar parte del informe epidemiológico auspiciado por la Generalitat. La subsiguiente investigación, archivada en dos ocasiones, fue reabierta tras un recurso presentado por Davó. Entonces, el magistrado imputó a Farnos y al secretario general de la consejería, Roberto Roig, un delito de revelación de secretos. El consejero ha alegado siempre que el único objeto de su actuación, realizada, según él, con la cobertura de la Ley General de Sanidad, fue tranquilizar a la población sobre el alcance del brote.