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Las fiscalías andaluzas piden refuerzos ante la nueva Ley Penal del Menor

La entrada en vigor de la Ley Penal del Menor amenaza con desbordar de trabajo a los fiscales de Menores, que deberán investigar aquellos delitos que tengan como protagonistas a personas de entre 14 y 18 años y, en algunos casos, hasta los 21. Los fiscales jefe de Málaga y Sevilla, Manuel Villén y Alfredo Flores respectivamente, piden entre seis y diez personas más para sus respectivos departamentos. Los fiscales quieren hacerlo bien, pues los menores supondrán una buena prueba para el futuro de sus capacidad para investigar casos.

Al fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, le preocupa que la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor -actualmente en proceso de tramitación- desborde la capacidad de la Fiscalía de Menores de la provincia. Villén ha formulado sendas peticiones al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía para que se disponga una dotación suficiente de medios humanos y materiales. "El incremento del volumen de trabajo va a ser importante", explica, "no sólo porque la ley prevé que sean los propios fiscales los que asuman la instrucción de las causas en las que los imputados sean menores, sino porque los casos en los que el presunto autor del delito tenga entre 16 y 18 años, que ahora se ventilan por la jurisdicción penal normal, también van a pasar a ser competencia de los fiscales de Menores". Actualmente, la Fiscalía de Menores de Málaga cuenta con seis fiscales, pero todos compaginan su labor con otros casos de la jurisdicción ordinaria. Villén calcula que harán falta seis o siete fiscales con dedicación exclusiva para llevar eficazmente el departamento: "Hay que tener en cuenta que nos van a venir casos de toda la provincia, no sólo de Málaga capital", recuerda. La dotación de medios humanos compete al Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía General del Estado. Los medios materiales corren por cuenta de la Junta. La situación precaria de la Fiscalía de Menores de Málaga es histórica. Actualmente está ubicada en un piso cercano al Palacio de Justicia que cedió la Diputación Provincial hace un año. Pero este domicilio, además de insuficiente y poco adecuado, como ha denunciado reiteradamente el personal de la Fiscalía, es transitorio. "La Junta lleva tiempo estudiando una nueva ubicación que solucione los problemas de falta de espacio y permita tener juntos el Juzgado y la Fiscalía de Menores, pero aún no hay una solución definitiva", dice Villén. Prueba de futuro El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, destaca que las nuevas asunciones a partir de la Ley Penal del Menor suponen una verdadera prueba de cara al futuro. La capacidad de investigación de los fiscales se examinará a partir de su actuación en los delitos cometidos por menores. Como ya sucede en otros sistemas en el extranjero, la instrucción de los casos, que en la actualidad está encabezada por los jueces, podría acabar en manos de los fiscales, sino siempre, sí en muchos casos. Casos no les van a faltar, ya que se harán cargo de aquellos que tengan relación con un abanico de edades comprendido entre los 14 y los 18 años y, si existen de por medio informes del juez y el fiscal que así lo consideren oportuno, esta edad puede extenderse hasta los 21 años. Desde hace tiempo, en las mesas de la Fiscalía General del Estado están los informes sobre el impacto que esta nueva situación puede traer consigo. Por el momento, en toda España, se calcula que deberán incrementarse la plantilla de fiscales de Menores en un número cercano a los 200. En Sevilla, Flores también ha pedido que se aumente la plantilla entre seis y diez fiscales. La variación en número depende de que se otorgue la adscripción única a Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Utrera e, incluso, Lebrija. En la actualidad, estas localidades se cubren desde Sevilla, pero con la adscripción se necesitaría un fiscal por plaza.

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