Portugal se inclina por despenalizar el consumo

Casi un 70% de los reclusos portugueses (14.556 en 1998) son tóxicodependientes declarados, un 11% seropositivos, un 3% padece el sida y un 25,4% tiene hepatitis B o C, según el último informe del Defensor del Pueblo, Manuel Menéres Pimentel, que considera "lapidarios" estos datos y recomienda al Gobierno "la despenalización del consumo privado de drogas no sólo en las prisiones sino también fuera".El análisis "debe obligarnos a abordar el problema de forma diferente", dice Menéres. "He recomendado al ministro de Justicia la despenalización del consumo privado de estupefacientes y la creación en todos los establecimientos penitenciarios de instalaciones adecuadas para el tratamiento clínico de los tóxicodependientes, de forma que los consumidores puedan beneficiarse de las máximas condiciones de higiene, como el uso de jeringuillas no utilizadas".

El Defensor del Pueblo vuelve a plantear la despenalización del consumo, debate impulsado por el presidente de la República, Jorge Sampaio, que el año pasado promovió la discusión en tal sentido. En este sentido, el presidente de la Asamblea de la República, el socialista António Almeida Santos, ya ha expresado reiteradamente su deseo de que Portugal legalice el consumo y facilite las condiciones de higiene necesarias a los toxicómanos.

El informe del Defensor del Pueblo llega justo cuando el grupo parlamentario socialista va a discutir una propuesta del diputado Eurico Figueiredo para despenalizar el consumo y debatir un mercado libre. El proyecto, firmado por tres vicepresidentes del grupo, van en contra de la línea oficial del PS que dirige el primer ministro, António Guterres, un católico que no ve con buenos ojos cómo altos responsables de su grupo defienden una medida que puede ser muy antipopular en año de elecciones generales.