La Audiencia Nacional revisa los pagos a las víctimas del terrorismo

Cinco funcionarios del Ministerio de Justicia han empezado a revisar las sentencias contra terroristas dictadas por la Audiencia Nacional y a recopilar los datos sobre las indemnizaciones por responsabilidad civil que se deriven de ellas. Este trabajo forma parte del proyecto de ley para compensar a las víctimas del terrorismo que prepara el Ejecutivo y que prevé crear un fondo destinado a cubrir los pagos a las víctimas, de modo que el Estado pueda después reclamar esas cantidades a los terroristas.

El proyecto de ley que prepara el Gobierno afectará a los familiares de los casi mil muertos por actos terroristas desde finales de la década de los 70 y a los más de 3.000 heridos por estas mismas causas. El borrador del texto, que está previsto concluir antes de que finalice el mes, determinará la cuantía de las indemnizaciones, el número total de beneficiarios y las modalidades para efectuar los pagos.El Gobierno baraja dos opciones para cuantificar las reparaciones. La primera fijaría las cantidades de acuerdo a lo que las sentencias establezcan en cada caso. Si no hay sentencia, se aplicaría un baremo fijado por la ley. El segundo sistema consistiría en aplicar un único baremo para todas las víctimas, independientemente de la cantidad que estipule la sentencia.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el PSOE e IU se han decantado claramente a favor de la segunda opción. "Tendríamos que buscar la manera de que todo el mundo reciba una cantidad equivalente para que nadie se pueda sentir discriminado. Es evidente que no se razona con los mismos criterios en una sentencia de hace 20 años, cuando existía un cierto abandono, y en una de hoy", razona Ana María Vidal-Abarca, presidenta de la AVT.

Vidal-Abarca también manifiesta la necesidad de que este proyecto de ley sea fruto del consenso de las fuerzas políticas: A su juicio, este acuerdo es "imprescindible porque hasta que el Estado no consiga recuperar de los terroristas las cantidades que se acuerden para las indemnizaciones, la realidad es que ese dinero va a salir del bolsillo de los españoles".

El PSOE expresó su apoyo a esta iniciativa. Pero ahora, estudiado el borrador, reclama aclarar lo referido a la subrogación del Estado, según informa Europa Press. Los socialistas consideran que no queda claro que el Estado podrá reclamar a los terroristas el dinero que adelante.

Las cantidades a las que tendrán derecho las víctimas tampoco están claras. La AVT habla de unos 62.000 millones de pesetas (373,5 millones de euros), pero explica acto seguido que este dato no está actualizado. Además, Vidal-Abarca añade que es muy difícil "cuantificar el número de heridos y calibrar sus secuelas". Este proyecto de ley de resarcimiento prevé tratar por igual a las víctimas de ETA, del GRAPO y del FRAP.