El juez cita a 6 altos cargos de Sanidad para aclarar si Farnós reveló secretos a sabiendas. El magistrado investiga a Bueno

Seis altos cargos de la Consejería de Sanidad comparecerán en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) con motivo de la investigación que se sigue contra el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, imputado por un delito de revelación de secretos. El juez ha citado, desde el director general de Salud Pública hasta la jefa de prensa del consejero, a todas las personas que podrían esclarecer el motivo de sus pesquisas: Si Farnós -una vez establecido que reveló secretos- desveló un sumario judicial a sabiendas de la ilegalidad de su conducta.

El director general de Salud Pública, Francisco Bueno; el secretario general administrativo de la consejería, Salvador Algarra, y el ex jefe de gabinete de Farnós, Víctor Llanes, declararán el próximo lunes en la sala de lo Civil y Penal del TSJ. Esta instacia es la encargada de dilucidar si el consejero de Sanidad delinquió al difundir, en una comparecencia pública, los resultados de un estudio científico realizado por su departamento que responsabiliza al anestesista Juan Maeso del brote de hepatitis C localizado en Valencia. Las declaraciones de Bueno, Algarra y Llanes serán seguidas de las de otros tres cargos de la consejería: Marciano Gómez, director general de asistencia especializada, Rubén Moreno, subsecretario del departamento, y Susana Fabregat, responsable del gabinete de comunicación. Todos ellos conforman la jerarquía de la Consejería de Sanidad. Todos ellos, en consecuencia, componen el núcleo duro de ese departamento de la Generalitat y, en función de sus cargos, tienen, o pueden tener acceso a muchas de las decisiones que toma Farnós en ejercicio de su cargo. Consciente del delito En definitiva, con su declaración como testigos, el instructor de la causa, José Luis Pérez Hernández, pretende averiguar si Farnós era consciente de que podía infringir la ley al divulgar un informe incluido en el sumario judicial incoado por el brote de hepatitis C detectado en dos hospitales. El consejero reveló las conclusiones del estudio epidemiológico -que relaciona directamente a Maeso con 171 casos de contagio- pese a dos advertencias en contra del juez que investiga el masivo contagio, José Manuel Ortega. Pérez Hernández inquirirá a los altos cargos de la consejería sobre el conocimiento que Farnós tenía de las notificaciones del juez. Una vez que el TSJ concluyó que el consejero reveló el "núcleo esencial" de un sumario judicial, sólo resta por concluir, según los tres magistrados que decretaron la reapertura del caso, si el imputado era consciente de la prohibición expresa de publicitar aspectos inherentes a una investigación en curso. Roberto Roig, el secretario general de la consejería, también imputado, afirmó ante el juez el pasado viernes que trasladó a Farnós, siguiendo los cauces habituales, el fax en el que el juez prohibía ofrecer cualquier información contenida en la causa. El lunes, los otros seis cargos de Sanidad contestarán preguntas en ese mismo sentido.El magistrado encargado del caso también ha solicitado información al presidente de las Cortes Valencianas, Héctor Villalba, sobre la comparecencia del director general de Salud Pública, Francisco Bueno, en el parlamento autonómico. El pasado 20 de octubre, seis días antes de que Farnós difundiera el estudio epidemiológico que le ha costado una imputación, Bueno exculpó a la Generalitat de cualquier responsabilidad: Sanidad "no tiene ninguna responsabilidad en el brote", dijo. Además, también anticipó un dato contenido en el informe y, por tanto, sujeto al secreto judicial: Juan Maeso es la única fuente de contagio y las pruebas científicas le vinculan directamente con 171 casos de contagio. Éstas afirmaciones, realizadas en una comparecencia parlamentaria, podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos. Por ello, Pérez Hernández ha demandado información a Villalba sobre dos aspectos de la intervención. Primero, por parte "de quién o quiénes se adoptó el acuerdo" que llevó a Bueno a las Cortes y, segundo, cúal era el "objeto y finalidad" de la intervención del director general. El acuerdo fue tomado con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP. El objeto, no era otro que aclarar todos los aspectos relacionados con la crisis sanitaria, que según Bueno tenía un responsable: "Un profesional cuyas conductas desde el año 1989 presuntamente tienen unos riesgos". El profesional es, obviamente, Maeso.