La Guardia Civil desaloja a los afectados por la vía en Benicàssim

Alrededor de cuarenta agentes de la Guardia Civil desalojaron de sus propiedades a los dueños de las fincas afectadas por el corredor del Mediterráneo en Benicàssim. Las autoridades que acompañaron a los agentes no portaban orden judicial alguna. De esta manera, las máquinas entraron ayer en varias de las 103 fincas que faltan por ocupar para iniciar las obras del desvío del ferrocarril en el tramo Las Palmas-Oropesa, paralizadas desde hace cuatro años. Los afectados presentaron denuncia contra el desalojo.

El propietario de la primera finca ocupada, Bernabé Morales, presentó ante el juzgado de guardia una denuncia contra el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, (quien el miércoles amenazó con utilizar la fuerza), y los responsables de Benicàssim UTE (empresa a la que le fue adjudicada la ejecución del proyecto). El resto de los afectados manifestaron su intención de presentar otras denuncias. Durante la mañana el desalojo corrió a cargo de un grupo especial de la Guardia Civil. Por la tarde, algo más de una treintena de agentes procedieron a desalojar a los propietarios de las fincas. "No tengo orden judicial y sólo cumplo órdenes de mis superiores", alegó el comandante a la cabeza de los agentes. Los guardias levantaron en volandas o retiraron a empujones a cada uno de los vecinos que recordaban, indignados, los tiempos de la dictadura. "Están violando nuestros derechos constitucionales", afirmaba uno de ellos. "Nos sentimos absolutamente indefensos", clamaba la mayoría. Las obras del desvío de Benicàssim fueron motivo, desde un principio, de polémica. La asociación constituida contra el proyecto ha presentado cientos de recursos. Finalmente, obtuvó dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anulaban las expropiaciones. El proceso se repitió y, de nuevo, fue recurrido. Según una nota de la subdelegación del Gobierno en Castellón, "resueltos los obstáculos existentes (...) el Ministerio de Fomento ha levantado la paralización temporal de las obras y ha dado orden de reanudarlas". Fue Fomento quien solicitó el apoyo de las fuerzas de seguridad. Según Sánchez Peral, los "errores" de la expropiación han sido "rectificados" y un segundo recurso contra este proceso "no impide el normal desarrollo de las obras".