Los intereses económicos ocultos tras la gestión de basuras marcan el debate de la ley de residuos. Tarde y sin financiación

La ley de residuos, tan polémica como ansiada, llegó ayer al hemiciclo de las Cortes y protagonizó en el pleno un agrio debate centrado en su retraso. A juicio del PSPV la dilación no es inocente: los intereses políticos y económicos ocultos tras la onerosa gestión de la basura han frenado la tramitación de la ley y la implantación del Plan Integral de Residuos (PIR). Según los socialistas, PP y UV se están "forrando" con el caos actual (sólo el 16% de la basura se trata adecuadamente). Estos partidos, por su parte, se preguntaron porqué no se tramitó la ley en anteriores legislaturas.

El diputado socialista Alfonso Arenas hasta dudó de la verdadera intención del PP en sacar la ley este curso (para que los regionalistas no puedan apuntarse el tanto) y calificó el retraso de la ley de "error intencionado". Pero el verdadero motivo, a su juicio, es que "la Generalitat está más atenta a los intereses particulares relacionados con sectores económicos que trabajan con los residuos que en la defensa de los intereses generales y del medio ambiente". Y citó casos: "En Campello, el Gobierno permite que un empresario amigo gane cientos de millones con un vertedero sin licencia municipal". No es un problema nimio. Según sus datos, el basurero de Campello, a nombre de la empresa Bonnyhumus, recibió el año pasado la basura equivalente a una ciudad de 700.000 habitantes. Residuos con origen muy disperso y no aclarado. El socialista también se refirió a los millones con los que se ha lucrado Ángel Fenoll, condenado en 1995 por un delito electoral a favor del PP, investigado en un caso de financiación irregular del PP en Orihuela y relacionado con una trama de empresas adjudicatarias de servicios de la administración. Entre ellos, la recogida, tramitada con carácter de urgencia y provisional desde hace ya cinco años, de la basura de varias urbanizaciones oriolanas. En el mismo sentido habló el portavoz de EU-EV, Joan Ribó, que denunció la "voluntad privatizadora del negocio de las basuras" que tiene la ley, que según él también ampara a las empresas que "se saltan las competencias municipales" para instalarse. Además, la norma establece una genérica declaración de interés comunitario para las plantas contempladas en el PIR, lo que exime a las mismas de licencia municipal. Un punto en el que Ribó ve "la puerta para concentrar elementos de infraestructuras en determinados ayuntamientos". Quizá los dirigidos por la oposición. UV salió en defensa de la ley elaborada por su consejero José Manuel Castellá, que tras explicarla asistió al debate. Sin la exención de licencias, "la ley quedaría en manos de los ayuntamientos que, por razones ecológicas, por errores o por vendettas políticas, podrían no dar licencias para vertederos", adujo Filiberto Crespo. Castellá defendió la ley y recordó que los socialistas no la tramitaron en 13 años. Por otra parte, EU-EV presentó ayer la enmienda a la totalidad de la ley de caza. Se basa la coalición en que la ley incumple varias leyes nacionales y directivas europeas. También critica que permita las actividades venatorias a niños de 14 años, en parques naturales y cerca de núcleos urbanos. Además, consiente el parany.Los partidos de la oposición, PSPV, EU-EV y Nova Esquerra, defendieron ayer con dureza sus enmiendas a la totalidad a la ley de residuos. No sirvió de nada. Pese a las fisuras que han aflorado últimamente en el pacto de Gobierno entre regionalistas y populares (con varias votaciones en Cortes en sentido contrario), la norma superó el primer asalto. Y si el apretado calendario no lo impide (sólo faltan tres plenos antes de la disolución de las Cortes) se tramitará con los votos de UV, que ha redactado la norma, y el PP, que ha acelerado su debate para sumar algún punto a su parco bagaje de normas ambientales (todavía con el casillero a cero). Abrió fuego el socialista Alfonso Arenas, que dijo que la ley "llega tarde, sin consenso y sin financiación". Llega tarde porque el propio presidente, Eduardo Zaplana, anunció en mayo de 1996 que la ultimaría antes de fin de aquel año. De la falta de consenso hablan las tres enmiendas a la totalidad y de la carencia de financiación, los presupuestos. El PIR necesita más de 50.000 millones en cinco años, pero no figura entre las inversiones del Consell de 1998 y 1999. Joan Ribó, de EU-EV, dijo que a este ritmo el PIR se cumplirá en el 2050. Albert Taberner, de NE, también criticó la falta de dinero y la descoordinación entre las administraciones que gestionan basuras.