La investigación sobre el PGOU de Murcia revela grandes plusvalías para el grupo Fuertes

Una investigación sobre algunas de las fincas que el PP de Murcia pretende recalificar revela las grandes plusvalías que el industrial Tomás Fuertes, dueño de El Pozo y de varias empresas más, puede conseguir tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una de las parcelas, de 220.000 metros cuadrados y situada en Sangonera la Verde, a ocho kilómetros del centro de Murcia, pasa de no tener calificación -al ser suelo de reserva- a urbanizable, por lo que se podrían construir 1.540 viviendas de 100 metros cuadrados. Fuertes insistió ayer en que no está recibiendo trato de favor del PP: "Si tenemos más tierra, es lógico que se nos recalifique más".

La finca reseñada fue comprada por el grupo Fuertes a través de Cefusa, una de sus empresas, y forma parte de las 600 hectáreas de terreno que el nuevo PGOU -diseñado por el PP y aún pendiente de aprobación- recalifica al conocido industrial. De un aprovechamiento urbanístico nulo se pasa al 0,7. O lo que es lo mismo, se puede construir 0,7 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Así, de los 220.000 metros que los Fuertes poseen en la finca de Sangonera la Verde, pueden construir 154.000 metros. O, para hacerse una idea, 1.540 pisos de 100 metros cuadrados. El resto -un 30% de la superficie de la finca- está destinado a uso público, viales, jardines, etcétera.Durante los últimos 15 años, aunque con más intensidad desde 1995, Tomás Fuertes Fernández se ha dedicado a invertir los beneficios de sus múltiples empresas en la compra de suelo, fundamentalmente en el término municipal de Murcia, aunque también en el resto de la región y en Alicante.

Es éste -la gran cantidad de terreno que posee- el principal argumento que se esgrime desde el grupo para justificar unas recalificaciones que le son tan beneficiosas. "No es justo", explicó ayer un portavoz autorizado del grupo industrial, "que se analicen sólo las parcelas cuya recalificación nos es beneficiosa, porque hay otras muy grandes [en alusión a Montevida, superior a 700 hectáreas] que no son recalificadas por el nuevo PGOU".

Otra de las fincas del grupo, de 84.000 metros cuadrados y ubicada en Jabalí Viejo, también pasa de ser rústica a urbanizable. Adquirida por la inmobiliaria Profusa durante el año 1996 -ya con el PP en el poder municipal- es un ejemplo de cómo en sólo tres años se puede disparar el valor de un terreno. Este periódico ofreció ayer al grupo Fuertes la posibilidad de contrastar esta información, elaborada según los datos obtenidos en el catastro de fincas rústicas de Murcia, aunque desde la dirección de la empresa se rehusó entrar en detalles, finca por finca, de sus propiedades. El portavoz mostró a este periódico su confusión por la gran repercusión política que está alcanzando el tema: "A nosotros nos da igual quién esté en el poder; somos empresarios honrados".

Grupos ecologistas y asociaciones de vecinos de Murcia mostraron ayer su intención de pedir la intervención del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, del PP, para que paralice un "plan general tan lesivo para los vecinos y la huerta de Murcia". La aprobación definitiva de los planes generales de Urbanismo depende siempre de los respectivos Gobiernos autonómicos.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro Guerrero, anunció que solicitará mañana jueves, durante el pleno, la creación de una comisión de investigación para esclarecer las posibles irregularidades existentes en el futuro PGOU.

Los equipos jurídicos del PSOE estudian además la posible presentación de una denuncia por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por "las recalificaciones a gente muy concreta", en referencia al citado grupo.

El dirigente socialista insistió que este caso "es la punta del iceberg" de los tratos de favor "hacia grandes propietarios de terreno".

Desde la otra acera política, el PP arremetió contra el PSOE. El Partido Popular de la Región de Murcia anunció ayer que va a iniciar acciones judiciales contra Alfonso Perales, secretario federal de Política Municipal del PSOE, por las "injuriosas y calumniosas manifestaciones" acerca del Plan General de Ordenación Urbana.

El socialista Alfonso Perales se refirió a la recalificación de 600 hectáreas de terreno propiedad del grupo industrial Fuertes como un "auténtico pelotazo" y como "una gran operación de recalificación urbanística en Murcia, que beneficiará a grupos empresariales presuntos financiadores del PP".