Un mapa que va desde Piqué hasta los ediles

La oposición socialista acusa al portavoz del Gobierno, Josep Piqué, de numerosas irregularidades. Pero no es el único cargo del PP que se enfrenta a este tipo de imputaciones. En el PSOE quieren dibujar todo un mapa. Los populares replican que estas últimas denuncias, que empezarían en Piqué y pasarían por el concejal de Obras de Madrid, el edil de Urbanismo de Albacete, el regidor y la teniente de alcalde de Oviedo, o el equipo municipal de Murcia, responden a una estrategia electoral.Piqué acumula hasta ocho casos. Uno de ellos ya ha llegado a los juzgados. Se trata del caso Ercros -empresa de la que fue presidente- en el que está siendo investigado junto a otras siete personas por presunto alzamiento de bienes. También se le acusa de haber pagado, cuando era presidente de Ercros, 100 millones de pesetas a una empresa propiedad de su mujer. Ya como ministro de Industria, Piqué aceptó que Ercros pagara 1.100 millones para cancelar un crédito público por valor de 8.500. Está implicado asimismo en la concesión de una subvención de los fondos mineros a Miguel Pérez Villar, antigua mano derecha de José María Aznar en la Junta de Castilla y León; el posible trato de favor a la empresa Telecable de Asturias; la concesión de ayudas a la clínica del oftalmólogo de la mujer de Francisco Álvarez Cascos y el trato de favor -con subvenciones por industrialización- a la localidad jienense de La Carolina, gobernada por el PP. Por todo ello, el PSOE pidió la semana pasada la dimisión de Piqué.

Denuncias

Las denuncias de irregularidades, e incluso condenas, se han multiplicado en estas semanas en varios ayuntamientos gobernados por el PP. En Madrid -según ha revelado EL PAÍS- el edil de Obras, Enrique Villoria, ha vulnerado tres preceptos legales al montar una empresa privada que tiene como clientes a tres proveedores de la sociedad públlica Campo de las Naciones, que preside el propio Villoria. En el Ayuntamiento de Oviedo la oposición ha destapado la creación por parte de la concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Alicia Castro, de una sociedad para operar en el mercado del suelo. El regidor, Gabino de Lorenzo, está acusado de prevaricación y de no respetar el procedimiento legal en la construcción de un complejo hípico.En Albacete, CCOO ha denuciado el pago de comisiones de empresas concesionarias de servicios municipales canalizadas por el concejal de Urbanismo, Agustín Fernández Carrión. Y en Murcia, el equipo municipal pretende recalificar de rústicas a urbanizables 600 hectáreas en beneficio del industrial Tomás Fuertes, dueño de embutidos El Pozo.