El PP denuncia que una empresa privada indaga el patrimonio de sus cargos en provecho del PSOE

El PP contraatacó ayer, ante la lluvia de escándalos que arrecian sobre él, pidiendo al PSOE más "rigor" en sus denuncias. Asimismo, en respuesta al porqué de que sean atacados desde el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, hasta numerosos concejales, reveló que ha recibido una serie de avisos sobre una empresa privada que estaría investigando el patrimonio de todos sus cargos públicos "de manera genérica e indiscriminada". El PP no achacó esa actuación directamente al PSOE, aunque lo insinuó, así como que con ella se pretende beneficiar electoralmente a esa formación política.

A los tres años de su llegada al Gobierno, el PP sigue recurriendo al pasado y, en concreto, a la última legislatura del PSOE para rebatir las acusaciones de irregularidades y corrupción que, cada día desde más flancos, pesan sobre instituciones que gobiernan los populares. Su nuevo portavoz oficial, Rafael Hernando, volvió a incurrir ayer en esa estrategia al responder sobre si su partido teme el mapa de sus corruptelas que elabora el PSOE. El PP podría dibujar "un atlas completo" con las de los socialistas. En ese pantano, Hernando optó por elegir de entre las múltiples denuncias aparecidas en las últimas semanas una que afecta al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, Juan Pedro Fernández Carrión, del PP, al que el sindicato Comisiones Obreras ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de comisiones ilegales y millonarias a través de dos sociedades vinculadas a él. Tras admitir su preocupación por este caso, Hernando dijo que la dirección del PP ha reclamado explicaciones y concluyó que las mismas, ofrecidas por el edil, le han satisfecho. Se entiende, sin más, que los datos aportados por Comisiones son falsos.

Bono se la juega en Albacete

El terreno fangoso de Albacete le sirvió a Hernando para arremeter contra el PSOE y también contra IU de Castilla-La Mancha porque considera que será precisamente en esa provincia donde el actual presidente de la Junta, el socialista José Bono, se jugará la mayoría absoluta para repetir en el cargo. Y aprovechó para recordar el "importante revolcón" recibido por la consejera de Salud de esa comunidad, Matilde Valentín, candidata en 1995 por Albacete, a la que un tribunal ha suspendido la ejecución de un decreto sobre despachos de farmacias.Hernando, sin embargo, no pudo aportar ningún dato sobre las actuaciones que va a seguir el PP en lo referente a las denuncias sobre la sociedad formada por el concejal de Obras del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Villoria, con otro cargo municipal y que vende a empresas que a su contratan con empresas municipales. El portavoz popular respondió que sobre ese caso no tiene información, aunque sí sabe que en la sede central del partido se han recibido en los últimos días varias denuncias telefónicas sobre una empresa privada que podría haber recibido el encargo de investigar el patrimonio, en el Registro Mercantil y de la Propiedad, de todos sus cargos públicos. Pese a la contundencia aparente de la denuncia, Hernando no quiso aclarar luego ni el nombre de esa empresa -al parecer, especializada en comunicación y asesoría jurídica- ni en los casos en que habría actuado ni sobre qué personas.

El portavoz del PP no acusó directamente al PSOE de contratar esos servicios, aunque sí veladamente porque remachó que es ese partido el que luego utiliza esos datos y se beneficia electoralmente de ellos. A Hernando le parece normal y lógica este tipo de oposición, pero abogó por que se efectúen las denuncias de forma "más fehaciente" y con más "rigor" para que todos, el Gobierno y el PSOE, dispongan de mayor credibilidad. A Hernando una "investigación genérica e indiscriminada" no le parece "razonable".

En contraste, horas después, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, descartaba en declaraciones a CNN+ que los socialistas pudieran estar detrás de las maniobras denunciadas por Hernando y calificaba de "falso" que el PSOE pudiera tener tal comportamiento.

Por otro lado, la revista El Socialista publica en su número de marzo un editorial en el que pide la dimisión de Piqué, del vicepresidente Francisco Álvarez Cascos ("tiene pactos "indecorosos" con un director de periódico") y de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a quien acusa de haber sido "premiada con un piso tasado para subasta en 60 millones por una entidad financiera que se lo ha vendido por 22 y medio". El ministerio de Justicia respondió con una nota en la que aclara que Mariscal es inquilina de una vivienda en un edificio propiedad de Caja de Cantabria, que los vecinos compraron en 1997.

El PP encara estos meses previos a las elecciones municipales y autonómicas con la previsión de que surjan denuncias relacionadas con la revisión de distintos Planes Generales de Ordenación Urbana, como la publicada ayer por este periódico sobre Murcia. En el PP se considera que esos asuntos son "muy discutibles", pero no irregulares. "Bajo el epíteto de irregularidades o corrupciones no se puede meter todo".