La policía intensifica la búsqueda de artefactos en el litoral de Tarragona

El rastreo por las playas de la Costa Dorada en busca de nuevos artefactos explosivos se intensificó ayer con la incorporación de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía procedente de Madrid. La búsqueda se centró ayer en la céntrica playa Larga, en la ciudad de Tarragona. Pese a que no se descarta la existencia de más artefactos, el acceso del público a las playas no se ha prohibido.

Las tareas de rastreo que realiza una treintena de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, reforzada por una unidad de artificieros del Ejército de Tierra, debía finalizar el pasado domingo, pero se prolongará por un periodo no especificado. La policía se niega a revelar la fecha prevista para finalizar la operación de búsqueda por los 60 kilómetros de playas de la Costa Dorada, ya que esta información podría ofrecer pistas al autor o autores de la colocación de al menos dos artefactos en la arena. Una de las bombas causó la muerte de un jubilado en la playa de Salou, el pasado día 13 de febrero, mientras que la otra, que se había colocado en la cala Cranc de la misma localidad, causó heridas a un Guardia Civil una semana después. Pese a que la búsqueda continúa y no se descarta, por tanto, la presencia de otros artefactos, el acceso a las playas no ha sido prohibido y nadie informa a la población de la posible existencia de peligro. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona explicaron ayer que las tareas que se realizan son únicamente de carácter preventivo, ante la probabilidad de que existan más artefactos explosivos. Según las mismas fuentes, se considera innecesario impedir la libre circulación por el litoral, una medida que causaría mayor alarma social. Las fuerzas de seguridad someten a las playas a una vigilancia selectiva, mientras las investigaciones se centran en el análisis científico de los artefactos y de los anónimos amenazadores enviados a los patronatos de Turismo de Tarragona, Salou y Cambrils. El autor o autores de los escritos exigen el pago de 100 millones de pesetas bajo la amenaza de una campaña de colocación de bombas en el litoral de Tarragona. El acceso a las playas se prohíbe únicamente mientras duran las tareas de rastreo mediante detectores de metales, para no entorpecer las labores de búsqueda. Una vez finalizada esta operación, la población puede acceder libremente a todas las playas de la costa de Tarragona. Esta situación se produce mientras se desconoce si todos los artefactos con los que se amenazó a las tres poblaciones, seis en concreto, están ya colocados, o si por el contrario la intención de los extorsionadores sería dejarlos en la arena de forma paulatina.