Gibraltar, problema permanente

L os vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar tienen esta semana una nueva oportunidad para reclamar un cambio en la política que lleva a cabo en la zona el Gobierno español. La aplicación de severos controles en la frontera con la colonia británica ha provocado un serio revés económico para los residentes en el Peñón, pero también para los miles de andaluces que tienen allí su empleo y su sustento económico. Está claro que no se ve por ningún lado la bondad de esta medida, dictada por un Ejecutivo que sigue dando evidencias claras de una improvisación permanente ante un conflicto que han dejado, ingenuamente, en manos del responsable de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. El resultado inmediato de esta actuación está en la movilización de pasado mañana, así como en el claro debilitamiento del PP en la comarca y en el allanamiento del terreno que se está produciendo para el aventurerismo político que representa Jesús Gil. Ni siquiera el anuncio de la creación de una comisión interministerial para coordinar inversiones y otras iniciativas en este enclave ha servido para tranquilizar los ánimos. En medio de este panorama, se espera que en esta semana haya novedades en torno a la reforma del antiguo PER y la aplicación a los jornaleros del campo del sistema contributivo de la Seguridad Social. Se reúne la mesa de negociación entre Gobierno central y sindicatos, un encuentro en el que por fin se espera se dé a conocer cómo pretende Madrid introducir los cambios reclamados. En Andalucía, se teme que esta medida suponga recortes por otro lado y está claro que una nueva foto de los dirigentes sindicales con el ministro de turno, firmando un acuerdo sobre este significativo asunto para Andalucía, como es el de los jornaleros del campo, sentaría desde luego muy mal a los socialistas. Pero lo que ya ha sentado realmente mal, a tenor de las respuestas surgidas, ha sido el planteamiento de Manuel Chaves en favor de la creación de una caja única en Andalucía, fruto de la fusión de las seis entidades de ahorro existentes en la actualidad. El presidente de la Junta confiesa en corto que no ha ocurrido nada de lo que ya él se esperaba. No se ha llevado sorpresas, pero tal vez no calculó bien del todo cómo se iban a tomar estos planes, no ya sus socios de gobierno, los andalucistas, sino también los alcaldes y, sobre todo, los presidentes de las cajas, confortablemente instalados en sus puestos y convertidos en auténticos gurús de nuestra economía. Algunos ya se posicionaron inmediatamente a la contra e incluso llegaron a acelerar, por su cuenta y riesgo, otras operaciones, con el claro fin de obstaculizar aún más los planes de Chaves. De todo ello parece haber tomado nota el jefe del Gobierno andaluz quien, ante el ruido formado, matiza ahora que no se hará nada sin el diálogo previo con las partes implicadas. Y eso sí, sin prisas, pero tampoco sin pausas, para precipitar el proceso después de las elecciones municipales. Con estas premisas, la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, se reúne el miércoles con los presidentes de las cajas, quienes por cierto dan la impresión de que han accedido al cargo por concurso-oposición, dada su valía y sus amplios y profundos conocimientos del complejo mundo de las finanzas. Por lo demás, entramos en un mes de marzo en el que se debe celebrar, por fin, la reunión de la Comisión Mixta de Representantes del Gobierno central y del autonómico, para comenzar a negociar nuevas transferencias para Andalucía. Ése fue, al menos, el acuerdo al que llegó en su día el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, con representantes de la Administración central. Las políticas activas de empleo, las confederaciones hidrográficas y la revalorización de los servicios y dotaciones de Justicia aguardan, de una vez por todas, un acuerdo en el seno de una comisión que no se celebra desde hace dos años. ANTONIO YÉLAMO