Los fabricantes de armas de EE UU, en el banquillo

Niños que disparan a niños jugando a ser matones, adultos que resuelven a tiros sus problemas, o delincuentes que por un puñado de dólares acribillan a sus víctimas. La cultura de la violencia armada en Estados Unidos deja un saldo anual de más de 36.000 muertos que la sociedad, hastiada de tanta sangre, ya no está dispuesta a tolerar. En tribunales a lo largo del país se están ventilando demandas contra la poderosa industria de las armas que, históricamente, ha actuado con carta blanca, comprando voluntades políticas o manipulando la opinión pública. Todo por salvar su imperio de 450.000 millones de pesetas al año.El resultado es una industria con menos regulaciones que la de los cochecitos infantiles. Lo único que necesita un ciudadano para obtener una licencia para matar son entre 20 y 30 dólares (entre 3.000 y 4.500 pesetas). A falta de un Congreso que legisle y ponga freno a la epidemia de balas, el pueblo americano ha empezado a tomar el asunto por las riendas legales para que sea en los tribunales donde se dirima la política de seguridad pública.

En definitiva, en la balanza social han pesado más los muertos y, sobre todo -que nadie se llame a engaño-, los cientos de miles de millones de dólares que cada año cuestan esas vidas a los gobiernos municipales, estatales y al federal. Según la última cifra de la Agencia Federal pa-ra el Alcohol, el Tabaco y las Armas (ATF), el coste total por muertos y heridos a disparos es de 20.400 millones de dólares (unos tres billones de pesetas).

Cinco ciudades y condados han sentado en el banquillo a los fabricantes de armas por negligencia en la comercialización de sus productos, pidiéndoles que se responsabilicen económicamente de las muertes que se han registrado. La primera en abrir fuego fue Nueva Orleans en octubre. Luego le siguieron Chicago, Bridgeport, Miami-Dade y Atlanta. Pero hay otras municipalidades que tienen en la mirilla a la industria de las pistolas: Boston, San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia y Newark.

Las posibilidades de que las querellas prosperen aumentaron considerablemente la semana pasada al sentarse un precedente legal en un tribunal federal de Brooklyn, en el Estado de Nueva York. Por primera vez en EEUU, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra varios fabricantes demandados por las familias de seis víctimas, y les obligó a indemnizar con 560.000 dólares (82 millones de pesetas) al único superviviente.

La sentencia puso muy nerviosa a una industria, que sólo unos días antes se vanagloriaba de haber dado un tiro de gracia a la capacidad de Georgia para denunciarla. En un hecho tan insólito como inquietante, ese Estado sureño aprobó una ley prohibiendo a sus ayuntamientos entablar cualquier tipo de acción legal contra las empresas de armas. Ocurrió por las influencias tras bastidores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el lobby más poderoso en contra del control de las armas, cuyo vicepresidente es el actor Charlton Heston, y entre cuyos tres millones de miembros se encuentra el propio gobernador de Georgia, que sancionó la ley. Esta semana se presentó un proyecto de ley idéntico en Florida que cuenta con apoyo mayoritario.

Por su parte, los grupos que promueven el control de armas no se han quedado cruzados de brazos. "La de Brooklyn es la primera victoria, pero no va a ser la última", afirma la abogada Kristen Rand, directora de la prestigiosa organización nacional Violence Policy Center. "Éste puede ser", continúa, "el año de los litigios contra las armas, porque el veredicto muestra que esa industria, al igual que la del tabaco, son vulnerables en los tribunales".

Ante el paralelismo con las tabaqueras, que han tenido que pagar sumas millonarias para zanjar demandas en los 50 Estados, los fabricantes de armas se han apresurado a advertir que ellos no son "tan ricos" y esto puede llevarles "a la bancarrota", en palabras de Jack Adkins, director del American Shooting Sports Council (ASSC), que representa a 350 empresas. Sólo la factura legal puede ascender a un millón de dólares diario (cerca de 150 millones de pesetas) si llegara a 20 el creciente número de ciudades demandantes. Son cálculos independientes de académicos, como el profesor de derecho Lester Brickman, que piensan que puede cambiar la dinámica social en EEUU y, según los más optimistas, acabar con la epidemia de sangre en las calles.

Aunque el objetivo último de los pleitos no es sólo recuperar los gastos de hospitales, policía, etcétera, sino forzar a los fabricantes a hacer concesiones en la seguridad y comercialización de sus letales artefactos, el calibre de esta guerra es sin duda económico. Y no sólo porque las indemnizaciones a los gobiernos municipales por los vecinos muertos o heridos sean millonarias, sino porque la conciencia social en aumento puede forzar un "parón" en la producción.

El fundamento legal usado en el caso de Brooklyn es precisamente la sobresaturación del mercado en los Estados con normativas laxas, como Florida, Georgia, Luisiana, Tejas o Alabama, donde se origina la red de tráfico ilegal hacia los del norte, como Nueva York, que tiene un control estricto de la venta de armas. En la mayoría de los Estados sureños se puede comprar una o más pistolas o rifles sólo enseñando el carné de conducir, y hay millones de personas que se han hecho con verdaderos arsenales.

Según la ATF y el FBI, el número de armas en EEUU se eleva a la escalofriante cifra de 210 millones. Y cada día se venden 30.000 más. Esto es posible porque la Segunda Enmienda de la Constitución establece el derecho a poseer armas. En el debate nacional que ha provocado el tema nadie ha mencionado una reforma constitucional.

Los principales lobbies como el NRA o el ASSC se autodenominan guardianes de ese derecho. NRA lanzó hace poco una campaña para captar nuevas generaciones de "soldados", y en la portada de la revista American Rifleman apareció Charlton Heston con el titular: "¿Han perdido nuestros niños su derecho a las armas?". Lo que no mencionaba es que cada día un promedio de 14 a 16 menores mueren por disparos.