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500 millones de fianza a cuatro imputados por el naufragio de Banyoles

La juez Montserrat Bastit, que instruye la causa por el naufragio del catamarán turístico en el que perdieron la vida 21 jubilados franceses en el lago de Banyoles, ha ordenado que cuatro de los imputados por el naufragio depositen una fianza de 500 millones de pesetas para cubrir su presunta responsabilidad civil en el siniestro. Hasta el momento, la única fianza exigida había alcanzado a los dos propietarios y patronos de L"Oca, Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez, actualmente en libertad provisional, quienes depositaron otros 500 millones poco después del siniestro, ocurrido en octubre del año pasado. La exigencia monetaria de la titular del Juzgado número 7 de Girona se dirige ahora hacia el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles, Josep Alsina; el propietario de los astilleros que construyeron la embarcación, Esteve Rabassa, y el dueño de Tallers Pons, José Manuel Pons. También se pide el depósito de fianza a Antoni Bordeta, uno de los operarios del taller que presuntamente realizaron diversos trabajos en el catamarán cuando éste ya había sido trasladado al lago. Los cuatro imputados deben hacer frente a la fianza de manera solidaria y aportando cualquier póliza de seguros que tengan suscrita. Esta decisión, según informó ayer El Punt, está motivada por una interlocutoria judicial que apunta indicios racionales de criminalidad en su actuación. PÁGINA 4

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de febrero de 1999