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Ríos Montt niega la acusación de genocidio en Guatemala

El general Efraín Ríos Montt, que encabezó el Gobierno de Guatemala entre 1982 y 1983 tras un golpe de Estado, rechazó ayer que durante su mandanto se hubieran cometido actos de genocidio, tal y como señaló el jueves la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).Según la CEH, a la que los acuerdos de paz firmados en 1996 entre el Gobierno y la guerrilla encomendaron investigar las violaciones de los derechos humanos a lo largo de más de 30 años de guerra civil, el Ejército perpetró actos de genocidio contra las comunidades mayas que vivían en la zona de conflicto, al considerarlas aliadas naturales de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La estrategia de tierra arrasada, que se tradujo en matanzas y la destrucción de aldeas, respondió, dice el informe, a una "política establecida por un mando superior".

"Yo estoy muy tranquilo. El informe no me quita el sueño porque no tengo nada que esconder", afirmó Ríos Montt, hoy dirigente del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la segunda fuerza política del país. "¿Quiénes son ellos para hacer señalamientos? En mi Gobierno no hubo genocidio. Si existen acusaciones, que presenten las pruebas ante la ley".

La Comisión, respaldada por Naciones Unidas, no tiene potestad jurídica, pero ha dejado las puertas abiertas. Ayer mismo, el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos anunció su intención de llevar a Ríos Montt a los tribunales por un caso de genocidio del que han recopilado documentación desde hace un año.

Profunda conmoción

El informe de la CEH, titulado Memoria del Silencio, ha causado una profunda conmoción en Guatemala. Las acusaciones de genocidio contra el Ejército, las graves imputaciones a la guerrilla y la dureza del análisis del contexto histórico de la guerra han superado las expectativas de todas las partes.

El afloramiento de toda la verdad silenciada durante tres décadas provocó, a pesar del horror, alivio y alborozo. Pero estos sentimientos se entremezclan con la preocupación por el efecto que el informe pueda tener en los círculos militares más señalados, a quienes el presidente Álvaro Arzú ha ido neutralizando desde 1994 con el apoyo de los sectores castrenses modernizadores. La transición guatemalteca, han señalado algunos expertos, se va haciendo paso a paso, a partir de los acuerdos de paz, y el informe puede abrir frentes indeseados. Algunas de sus recomendaciones, como la depuración inmediata del Ejército, sobrepasan, de hecho, la capacidad real del Gobierno.

Al mismo tiempo, las víctimas, sobre todo los grupos mayas, se han sentido reivindicados. "Fuimos involucrados en un enfrentamiento armado impuesto, que no era nuestro", afirma Otilia Lux, miembro de la CEH.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de febrero de 1999