Los directores de centros de acción singular se quejan de la "insensibilidad" del PP hacia los desfavorecidos
La "insensibilidad" del Gobierno Zaplana hacia los centros clasificados administrativamente como de "acción educativa singular", o aquellos donde el consejo escolar optó por implantar programas educativos de compesación de desigualdades, ha puesto a todos los directores de la Comunidad Valenciana en pie de guerra. El recorte presupuestario del 25%, la escasez de recursos humanos y el olvido de más de un año en que ha caído el borrador de decreto de educación compensatoria, que ya está en vigor en todas las comunidades autónomas con transferencias plenas, han hecho el resto. El malestar se puso de manifesto ayer en la asamblea de directores, en la que se acordó solicitar una reunión urgente con el consejero Manuel Tarancón.
"En la reunión se ha denunciado claramente la falta de sensibilidad del Gobierno del PP hacia el tema de la educación de compensación de desigualdades, hacia los más desfavorecidos", resumió ayer Manuel de Barros, director del colegio público Virgen del Remedio de Alicante y presidente del Consejo Escolar Municipal de la capital alicantina. En la asamblea -a la que asistieron 35 directores procedentes de los 75 clasificados de Acción Educativa Singular (CAES) o que han implantado este tipo de programas por decisión expresa de sus respectivos consejos escolares (PAES)- se acordó solicitar una reunión urgente con el recién nombrado consejero de Educación, Manuel Tarancón, y los directores generales de Ordenación Educativa y de Centros, para tratar de contrarrestar la desidia y los recortes presupuestarios por los que atraviesan. "Es inconcebible que en año y medio no nos hayamos reunido con la Administración y que el decreto de Compensación de Desigualdades desarrollado en otras autonomías, aquí duerma el sueño de los justos desde hace año y medio", precisa De Barros. La última reunión que los directores que trabajan en barrios de acción preferente tuvieron con un técnico de la Consejería de Educación fue el 16 de diciembre de 1997. En la citada reunión no asistieron ni el director general de Ordenación Educativa, Josep Vicent Felip, ni el entonces consejero de Educación, Francisco Camps. Y el técnico de la Administración se limitó a escucharlos, sin más. Recortes presupuestarios A este distanciamiento entre los profesionales que trabajan en los barrios más conflictivos y marginales de la Comunidad Valenciana, se añade otro dato alarmante, que está dificultando sobre manera la labor pedagógica: el recorte presupuestario acumulado del 25% desde que el PP llegó a la Generalitat en 1995. El recorte hace mella en este tipo de centros, donde la mayoría de alumnos escolarizados proceden de grupos étnicos con problemas de integración social (fundamentalmente de etnia gitana); otro tanto, proviene de familias desarticuladas, que en buena parte tienen conflictos con la justicia; y el resto, directamente de familias con graves problemas económicos, que hacen que la tasa de paro familiar en estos centros se dispare hasta el 60%. En el dossier elaborado por los representantes y directores de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia se recoge el nivel de recortes económicos que han sufrido los colegios, tanto los clasificados en zonas urbanas como en las rurales. Así, según sus propias cifras, en Valencia, el presupuesto para centros urbanos ha pasado de los 24.120.000 pesetas en 1995 a 19.210.000 en 1997. En los centros rurales la caída de inversiones es, incluso, superior, pasando de 15.080.000 pesetas en 1995 a los 9.895.000 actuales. El mismo esquema de gasto público a la baja se repite en Castellón, que ha pasado de recibir 7.950.000 de pesetas en 1995 a 6.300.000 actuales para centros urbanos; y de 8.750 de pesetas a 6.310.000 en la actualidad. Y en Alicante, los centros educativos de acción singular urbanos han pasado de recibir 16.230.000 pesetas en el año 1995 a los 12.425 en 1997 y de 7.950.000 de pesetas que había para los rurales a tan sólo 6.440.000 de pesetas. Lo mismo ocurre en el área de los recursos humanos. "Antes teníamos el apoyo de uno o dos profesores más por curso, ahora nos mantenemos con la plantilla normal, como si fuéramos colegios sin conflicto", cuenta De Barros, para quien: "El viaje al centro del PP hay que demostrarlo con actitudes, pero sobre todo con dinero". Así las cosas, la asamblea de directores acordó ayer solicitar una entrevista con carácter urgente con los responsables de la administración educativa, donde se pide que se dé respuesta a todas las demandas y se recuerda que "hace más de un año" que esperan la reunión. La idea es que, además, de la reunión surja el impulso necesario para implantar un decreto al que los directores ya le han hecho incluso las enmiendas correspondientes. El espíritu del decreto al que ha tenido (ver EL PAÍS del 9/12/98) pretende que los proyectos educativos de acción compesatoria contemplen "medidas que favorezcan el desarrollo y el respeto a la identidad cultural de los alumnos; fomenten la convivencia; e introduzcan mecanismos de participación e intervención en el entorno social". Asimismo, se propone actuar sobre el absentismo y la desescolarización prematura. La lucha contra el absentismo, la escolarización obligatoria hasta los 16 años y la diversificación curricular y pedagógica son, precisamente, los pilares sobre los que se sustenta la LOGSE. Acorde a ello, el borrador de decreto precisa que el alumnado de acción preferente es aquel que se incorpora tardíamente al sistema educativo, el que procede de la imnigración, el que desconoce el castellano, y el alumnado de zonas social y culturalmente desfavorecidas, con entornos familiares de alto riesgo de desestructuración. Sin embargo, en opinión de directores y profesores, la implantación del decreto en la Comunidad Valenciana requiere una planificación racional de la ESO, que garantice la continuidad educativa y una dotación presupuestaria que permita abordar el problema desde el inicio de la escolarización hasta el final.
