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El Gobierno elude comprometerse sobre la presentación del calendario legislativo

La presión de la oposición no hizo ayer mella en la vicelehendakari. Populares, socialistas e IU no consiguieron arrancar de Idoia Zenarruzabeitia un compromiso sobre la fecha en la que podrá entregar al Parlamento el calendario legislativo, el documento que recoge las leyes que el Ejecutivo prevé enviar al Parlamento durante la presente legislatura. Para la oposición es fundamental disponer de este listado porque le permite conocer las intenciones del Gobierno y establecer así sus estrategias.

Zenarruzabeitia acudió ayer hasta la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento para presentar las líneas maestras de su departamento en las áreas de autogobierno y desarrollo institucional. La vicelehendakari recordó que la pasada legislatura el Ejecutivo tardó seis meses, a partir de su constitución, en remitir el calendario a la Cámara. Ante la insistencia de PSE, PP e IU, enfatizó que, a diferencia de otras veces en las que se entregaba un mero listado de leyes, "el futuro calendario legislativo incorporará proyectos de ley, pero también los temas estructurales más importantes para el país". A diferencia de la legislatura anterior, en esta ocasión las incertidumbres del pacto con EH obligan al Gobierno a ser más cauto con sus previsiones. El portavoz del PSE, Fernando Buesa, inquirió a la vicelehendakari por la posibilidad de disponer del documento en junio, al igual que ocurrió hace cuatro años, pero Zenarruzabeitia zanjó rotunda: "No he hablado de ningún mes en concreto. Sólo digo que intentaremos repetir el proceso que llevamos a cabo en 1995". La organización institucional de Euskadi es lo que más tiempo acaparó la intervención de la vicelehendakari y la que más adhesiones despertó entre los partidos de la oposición. Consideró "inaplazable" la promulgación de la ley municipal, que lleva pendiente dos legislaturas, y la reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH). La ley municipal regulará la situación de los ayuntamientos en el entramado vasco y acarreará la reforma de la LTH para facilitar el acceso de los ayuntamientos al Consejo Vasco de Finanzas. Así, podrán participar en pie de igualdad en el reparto de los recursos públicos. Hasta ahora, los municipios reciben las ayudas de una forma indirecta a través de las diputaciones. "La vertebración del país exige una ley municipal", comentó. También adelantó que para regular mejor la participación institucional de los ayuntamientos será necesario crear un nuevo órgano: el Consejo Vasco de Políticas Públicas. "El Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos podrán debatir en este foro sobre sus competencias", explicó. La número dos del Gobierno anunció que el Ejecutivo elaborará un Libro Blanco sobre la situación del autogobierno en el País Vasco, donde se definirá el modelo de relación que se debe establecer con el Gobierno central y con la UE.

La oposición reclama el presupuesto

La oposición aprovechó la presencia de la vicelehendari en la comisión de Hacienda para recordarle la importancia de que el Gobierno presente ante el Parlamento un proyecto de Presupuestos y no caiga en la tentación de seguir funcionando con una prórroga presupuestaria ante las dificultades de pactar con Euskal Herritarrok las grandes cuentas para 1999. Idoia Zenarruzabeitia, quien compareció ante la comisión para detallar las directrices que seguirá su departamento esta legislatura, tranquilizó a los representantes del PP, Antonio Damborenea, y del PSE, Fernando Buesa, con el argumento de que el Gobierno proveerá los fondos que sean necesarios si surge la necesidad de financiar de manera extraordinaria cualquier proyecto, como por ejemplo el contrato de sustitución. "La prórroga presupuestaria", señaló, "permite gestionar cualquier tipo de política sectorial, pero si hacen falta fondos para temas puntuales e imprevistos pactaremos con todas las fuerzas políticas y los aportaremos". Sin embargo, PP y PSE le puntualizaron que "con la prórroga presupuestaria se puede seguir gastando, pero lo importante es que no se sustraiga al Parlamento el debate sobre los presupuestos, es decir, la facultad de controlar lo que gasta el Gobierno". Zenarruzabeitia explicó que la política presupuestaria apostará por un déficit público cero y por el aumento de los gastos sociales (educación, sanidad y lucha contra la pobreza). Además, adelantó que el Ejecutivo va a redactar un plan económico para el periodo 1999-2002, que marcará las pautas de los futuros presupuestos. Ante la insistencia del PSE sobre la responsabilidad de la Administración en la creación de empleo, precisó que la obligación del Gobierno es crear las condiciones necesarias para que sea la propia sociedad la que genere puestos de trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de febrero de 1999

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