El juez ordena que la policía registre un local municipal por el "caso Movilma"

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, Francisco González Maíllo, ha ordenado a la policía que investigue si en un local municipal del distrito de Sant Martí "se halla algún archivo o documentación contable relacionado con la empresa Movilma". En caso afirmativo, el magistrado ordena que sea entregado al juzgado, así como que se investigue también la actividad que se lleva a cabo en ese local y las personas que se encuentran en su interior. El local en cuestión está situado en el número 97 de la calle de Guipúscoa de Barcelona y el juez advierte de que, una vez le sea entregada la documentación, "se acordará lo que proceda". La providencia judicial, que lleva fecha del pasado día 19, se produce después de la petición formulada por la acusación particular, ejercida en nombre de las empresas supuestamente perjudicadas por Movilma y después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 27, Emilio Soler, decretase el archivo de la causa al considerar que no existían indicios que acrediten los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes. La decisión de archivo, tras casi tres años de investigaciones, fue recurrida por la acusación particular, que, al mismo tiempo, recusó al juez porque había trabajado años atrás en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes judiciales aseguraron, en este sentido, que las recusaciones de los jueces se plantean habitualmente al inicio del procedimiento, cuando se duda de su imparcialidad, pero no cuando ya ha resuelto y la decisión no satisface a alguna de las partes. La providencia ordenando a la policía esas actuaciones en el local municipal han sido ordenadas, precisamente, por el magistrado que sustituye al juez recusado. La agencia Efe aseguraba ayer que el magistrado González Maíllo, encargado de resolver la recusación, la ha rechazado, por lo que, de ser así, será el primer juez quien deba valorar la documentación que su compañero ha ordenado investigar a la policía. Del mismo modo, Emilio Soler deberá resolver también el recurso de reforma contra el auto de archivo dictado por él mismo. Si, como es previsible, lo desestima, la acusación puede acudir en apelación a la Audiencia de Barcelona. A disposición judicial El Ayuntamiento aseguró ayer que la documentación del caso Movilma que se halla en un local municipal del distrito de Sant Martí está a disposición judicial desde 1997 y ha indicado, ante las peticiones del Partido Popular (PP) para examinarla, que sólo un juez puede autorizar el acceso a dichos documentos. Por ese motivo, ayer no se permitió el acceso al local del concejal barcelonés del PP Emilio Álvarez, quien aseguró que sólo pretendía "acceder a los documentos, porque el municipio es mero depositario de ellos". El Ayuntamiento de Barcelona asegura que la documentación está en este local de la calle Guipúscoa desde el 3 de septiembre de 1997, dos meses después de que la sede de Movilma en Bac de Roda fuese desahuciada y nadie reclamase los documentos. Movilma suspendió pagos en diciembre de 1995, y el Ayuntamiento de Barcelona rescindió la adjudicación de las obras de dos colegios que la sociedad acabó subcontratando.