Juicio a 11 delegados sindicales por falsear actas electorales en 1990

Once delegados sindicales, nueve de UGT y dos de CC OO, fueron juzgados ayer en Alicante acusados de un delito de falsedad continuada de documentos oficiales. A los sindicalistas se les imputa la falsificación de actas en las elecciones sindicales de 1990, con el objetivo de obtener mayor representación sindical. Uno de los acusados de CC OO reconoció los hechos y tendrá a cambio una sustancial rebaja de la pena, mientras los nueve imputados de UGT niegan haber delinquido.

El juicio se inició ayer en el Juzgado de lo Penal número 5 de Alicante y se prolongará, previsiblemente, hasta mañana. Hoy declaran los testigos del caso. Los hechos enjuiciados se remontan a las elecciones sindicales celebradas en la provincia de Alicante en septiembre de 1990. La acusación pública pide a los acusados penas de entre ocho meses y un año de cárcel. El juicio tenía fecha hace más de un año, pero se suspendió al aparecer nuevos casos a investigar en relación con el mismo asunto. El caso que ahora se juzga se inició cuando CC OO impugnó los comicios sindicales al detectar que delegados de UGT habían falseado supuestamente actas correspondientes a empresas que no disponían del número suficiente de trabajadores como para poder designar delegados sindicales. Sin embargo, se denunció que los nombres de los empleados figuraban en las actas de unas elecciones que en realidad no se habían celebrado. El objetivo parecía claro: obtener mayor representación sindical en la provincia. La investigación oficial acabó implicando a ambos sindicatos en el presunto delito de falsedad de documentos oficiales. El secretario de organización de CC OO en la comarca de L"Alcoià, Fausto Llácer Sellés, uno de los acusados, llegó a un acuerdo con el fiscal que lleva el caso, por lo que verá sustancialmente reducida la pena. Gracias ese pacto queda libre sin cargos el secretario general de esta central sindical en L"Alcoià, Francisco José Molina, que también estaba acusado. Este dirigente sindical aseguró ayer que su compañero de organización reconoció "un error administrativo", por el que será condenado a un mes de arresto, de acuerdo con el ministerio público. Francisco José Molina subrayó: "En ningún caso puede deducirse que yo haya cometido un delito". Los delegados de UGT -algunos de ellos no comparecieron a la vista oral por encontrarse fuera de Alicante- negaron en la sesión de ayer que falsearan las actas sindicales. También a ellos se les ofreció una rebaja de la pena por parte del fiscal a cambio de que reconocieran los hechos, pero no hubo acuerdo. Los imputados mantienen con firmeza que no existió tal falsedad documental. Testigos El juicio quedará visto para sentencia mañana con la calificación definitiva del ministerio público, una vez que el juez tome declaración hoy a los testigos citados. La defensa pide la libre absolución de los acusados. Fuentes de la sede central de la UGT de Alicante aseguraron ayer a este periódico que ninguno de los delegados enjuiciados tenía cargo alguno en el sindicato. "Alguno de ellos ni siquiera está en Alicante", indicaron.