La Audiencia legitima la construcción de casas en el antiguo parque de agua de San Juan
El Ayuntamiento de Alicante y la promotora Hansa Urbana, participada mayoritariamente por la CAM, desalojaron y ocuparon legalmente los terrenos del parque de agua de la Playa de San Juan, donde se construye un campo de golf y varios millares de viviendas. Así lo reconoce una sentencia de la Audiencia de Alicante, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa que explotaba las instalaciones de ocio contra la resolución judicial que en primera instancia legitimó la actuación municipal. Ocio Canarias, SA, mercantil que explotaba el complejo de ocio, pretendía recobrar la posesión del terreno y acusó al Ayuntamiento de no cumplir los requisitos para el desalojo.
La vista oral por el recurso de Ocio Canarias, SA, se celebró el 11 de febrero en la Audiencia de Alicante. En el juicio, la empresa alegó que el Ayuntamiento no cumplió los requisitos administrativos para desalojar en 1997 las instalaciones, ni notificó su actuación a todos los afectados. A su entender, Hansa Urbana tendría que haber pagado indemnizaciones antes de la ocupación de los terrenos. "Lo único que hizo fue depositar un aval", dijo el letrado José Luis Iglesias. El abogado censuró en el juicio la "inusual" rapidez con la que el Ayuntamiento facilitó el suelo a la promotora, y dejó entrever una sospechosa connivencia entre la Administración y la promotora. "Hay que recordar que Hansa Urbana pagó 300 millones de pesetas al Consistorio a cambio de la aprobación del plan urbanístico", apuntó. La Audiencia ha rechazado las alegaciones de Ocio Canarias y da por buena la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante, que ya desestimó el interdicto de esta empresa para recuperar la posesión del terreno. El fallo de la Audiencia indica que es "imposible" interponer acciones interdictales por los particulares en los supuestos en que la Administración "haya actuado en relación con las materias que le son propias y utilizando los procedimientos establecidos por las leyes". Dice la resolución que para que este caso hubiera prosperado por la vía civil tendría que haberse producido "una omisión tosca, grosera y patente del ordenamiento administrativo"; es decir, que la actuación del Ayuntamiento careciera de un mínimo de legalidad y que invadiera los derechos de los administrados "en sus más elementales manifestaciones con claro desprecio hacia ellos". Como esto no ocurrió, los magistrados señalan que el recurso "está condenado al fracaso". El Ayuntamiento desalojó el parque con un gran despliegue policial. Amparándose en un auto judicial, tomó posesión de los terrenos para ponerlos a disposición de Hansa Urbana. La aprobación municipal del proyecto de reparcelación del plan parcial La Condomina, para la construcción de un campo de golf y 4.600 viviendas, eliminó la posibilidad de seguir explotando las instalaciones de ocio. La mercantil recurrió también, sin éxito, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la aprobación del proyecto, que vio la luz con los únicos votos del PP. Previamente, un decreto municipal había declararado extinguida la licencia otorgada a Ocio Canarias el 16 de diciembre de 1994. En el momento de la clausura, el parque empleaba a más de un centenar de personas.
