¿Los políticos tienen derecho al paro?

Aquel ex senador de UCD por Jaén era tan pobre que, cuando tuvo que comparecer en la década de los 80 en una comisión del Senado para solicitar una ayuda que le permitiese acceder a una pensión digna, su antiguos compañeros tuvieron que prestarle una chaqueta para revistir la miseria con un poco de dignidad. La anécdota forma parte de la cruz de la política, esa que está alejada de los focos del protocolo. En la última semana los políticos valencianos han discutido sobre la conveniencia o no de que los diputados tengan un subsidio de desempleo al finalizar su mandato. Los políticos conservadores, con el presidente Zaplana a la cabeza, se han opuesto. Los progresistas se han mostrado a favor de revisar las condiciones laborales de los parlamentarios. El debate sobre la subsistencia de los diputados se repite de legislatura a legislatura entre los políticos, aunque de manera soterrada y en medio del temor a ser objeto del reproche de la opinión pública. Para el catedrático Manuel Martínez Sospedra, que ha estudiado en profundidad la figura del parlamentario, "los diputados deben estar bien remunerados para conseguir que acceden a los Parlamentos personas competentes". Martínez Sospedra opina que los salarios de los diputados deberían ser "decorosos" e incluir algún elemento corrector que tuviese en cuenta la productividad de su trabajo. Para este experto constitucionalista, partidario de equiparar la condición de asalariado del diputado, con todas sus prestaciones sociales, a las de los empleados de la mayoría de sectores económicos, la regulación del régimen económico de los parlamentarios se tendría que realizar "conjuntamente y con carácter general" para todos los Parlamentos españoles, ya que ello "exigiría un cambio en la regulación de la Seguridad Social". Martínez Sospedra cree que estas medidas deberían tener carácter retroactivo para aquellos parlamentarios que no tienen cobertura social, aunque advierte que el debate se tendría que realizar con absoluta transparencia y publicidad de criterios. El profesor Joaquín Azagra, de la Universidad de Valencia, ex consejero de la Generalitat, afirma que no se puede vincular el debate sobre la inclusión de un subsidio de desempleo para los diputados con el problema del transfuguismo. Para Azagra "la cuestión es si los políticos, que realizan su declaración de Hacienda y pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social, tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos a las prestaciones sociales". Joaquín Azagra afirma con rotundidad que sí, ya que en caso contrario sólo pueden acceder al acta de parlamentario quienes disponen de rentas o son funcionarios en organismos autónomos. Este historiador señala que el debate sobre la remuneración de los parlamentarios "debería vincularse" a la financiación de los partidos políticos y a la limitación de mandatos, ya que, en caso contrario, se corre el riesgo de que se utilicen de manera perversa las actas de diputado para mantener en funcionamiento los cuadros del partidos. Antonio Palomares, uno de los históricos dirigentes del comunismo valenciano que peleó por la democracia desde la clandestinidad y estuvo una legislatura como diputado nacional y otra como parlamentario autonómico tiene su propia visión. Palomares, fresador metalúrgico hasta el año 1958 y agente comercial durante la clandestinidad, salió a la calle a buscar empleo tras concluir su mandato como diputado autonómico en 1987. Este histórico dirigente comunista opina que las primeras Cortes democráticas tuvieron "un complejo de vergüenza" a la hora de asegurar un sustento digno a los diputados y desde entonces ningún partido ha querido afrontar ese problema. Para Palomares, "son los partidos quienes deben atender el sustento de sus liberados, ya que en caso contrario los Parlamentos se convierten en un coto para abogados, enseñantes y propietarios, impidiendo el acceso a brillantes parlamentarios procedentes del mundo obrero". Contrario al subsidio de desempleo para los diputados, Palomares opina que los parlamentarios no han de perder elcontacto con el mundo real y se muestra ferviente partidario de la limitación de mandatos. Antonio Palomares, de 69 años, es partidario de que los Parlamentos paguen la seguridad social de sus diputados para que puedan acceder a una pensión digna. Antonio Palomares, recurrió al Congreso de los Diputados cuando cumplió 65 años para pedir un complemento económico que le permitiese acceder a una pensión digna, ya que después de todos sus años de militancia política y defensa de las libertades sus cotizaciones como obrero en Francia y en España no le permitían el sustento. El Congreso le concedió el complemento, como hizo anteriormente con otras muchas personas como La Pasionaria o el diputado por Jaén. Hoy vive sin excesos. Entre el año 1987, cuando tuvo que volver a empezar de cero, y su jubilación la situación fue difícil, pero Palomares reconoce que no tenía ya muchas cargas familiares, por lo que la lucha diaria por ganar un salario fue dura pero llevadera. Julio Seoane, catedrático universitario, defiende la necesidad de reducir al máximo las diferencias existentes entre la política y el resto de actividades productivas. "Son gestores públicos y deben tener las mismas garantías que el resto de los ciudadanos", señala. Seonane no cree que la inclusión de una nueva regulación pudiese tener carácter retroactivo para los diputados que abandonaron la política, aunque sí advierte que un cambio en el marco salarial y retributivo de los parlamentarios implicaría modificar la ley electoral y otras regulaciones importantes. Para este catedrático, entre los altos cargos de un Ejecutivo y los diputados hay diferencias, puesto que los primeros tienen un contrato dependiente del jefe del Gobierno, mientras que los segundos ejercen durante un mandato fijo.