El Gobierno estudia varias fórmulas para agilizar la urbanización del suelo Será el aspecto clave de la futura legislación vasca

La transformación rápida de los terrenos rústicos en urbanos será la clave de la futura ley del suelo del País Vasco, que actualmente se encuentra en fase de borrador. El Gobierno considera fundamental agilizar el paso de suelo urbanizable -susceptible de edificarse en él, pero que no reúne las condiciones- a urbanizado para poder construir. El Ejecutivo estudia cómo introducir en la legislación autonómica alguna figura que se dedique a poner suelo urbanizado en el mercado, sin ningún otro cometido.

El precio del suelo cada vez incide en mayor medida en el precio de la vivienda libre en Euskadi. En muchas promociones puede llegar hasta el 60%. Como muestra, el Ayuntamiento de Vitoria logró 1.225 millones de pesetas el pasado jueves por un solar donde se construirán 28 viviendas. Esto se traduce en que sólo el coste del suelo por cada piso ya equivale a más de 43 millones de pesetas. Después habrá que sumar el gasto que se derive de su construcción. El principal problema con el que se encuentra el Gobierno vasco para intentar abaratar el coste del suelo en Euskadi no es la falta de terreno urbanizable, sino de suelo urbanizado. El Departamento de Vivienda está enfrascado en la redacción del borrador de lo que será la futura ley de suelo, el gran reto de la legislatura. Dentro de esa norma, uno de los ejes es la introducción de los mecanismos que permitan disponer de suelo urbanizado de una manera rápida, acortando los trámites actuales que lo único que logran es encarecer el terreno. De esta forma, sería más factible disponer de terreno barato para reducir el coste de la vivienda. El director de Ordenación del Territorio, Juan Ignacio Izeta, explicó que el departamento está abierto a todas las posibilidades, entre ellas la del agente urbanizador, una figura que sólo aparece recogida en la Ley del Suelo valenciana. "Hasta ahora", señaló, "sólo el propietario de los terrenos y la Administración podían promover la transformación física y jurídica del suelo: convertir un terreno rústico en una zona urbanizada y apta para acoger la edificación de pisos. La ley valenciana crea la figura del urbanizador, que es un tercero -un promotor- que sin ser propietario del suelo puede urbanizar el terreno, previo consentimiento del dueño y del acuerdo que alcance con el ayuntamiento". Izeta reconoció que el agente urbanizador ha logrado dinamizar el mercado valenciano y sacar más suelo urbanizado, pero no ha logrado abaratarlo. "El que estudiemos el mecanismo del agente urbanizador no significa que vayamos a aplicarlo de manera mimética en nuestra ley. Lo que tenemos claro es que hay que hacer algún intento para agilizar la gestión". Un proceso urbanístico puede dilatarse por espacio de cinco o seis años, que es el promedio actual de tiempo que pasa desde que se adquiere un suelo hasta que se puede edificar. El agente urbanizador también plantea aspectos negativos. "Puede convertirse en un oligopolio", según Izeta, "en las manos de las empresas más potentes". Para el Departamento de Vivienda, el esquema del Gobierno central de que cuanto más suelo exista en el mercado más barato será no funciona. "El precio del suelo", recalcó Izeta, "está más relacionado con criterios como localización, nivel de equipamientos y condiciones paisajísticas. Un suelo en un sitio privilegiado nunca se abaratará. Lo más importante es disponer de suelo urbanizado".