Mujeres y familiares de 1.500 cabos andaluces se movilizan contra la nueva ley de Fuerzas Armadas

Mujeres y familiares de 1.500 cabos primeros andaluces -o que trabajan en la región y en Ceuta y Melilla- de distintas armas del Ejército han empezado a movilizarse contra el proyecto de ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas (aprobado el jueves en el Congreso), ya que consideran que sus allegados militares se van a quedar en el paro a partir del 2002, tras más de 12 años de servicio y con edades que lindan los 40 años. La campaña de rechazo ha comenzado ya con el reparto de pasquines y pegatinas contra el proceso de profesionalización, una avalancha de recursos contencioso-administrativos y la preparación de una manifestación en Sevilla para mediados de marzo. Las protestas se barruntan desde que se presentó el borrador del proyecto, pero se han disparado a raíz de la lectura del texto aprobado. Los cabos primeros, bragados muchos de ellos en las misiones internacionales de España, pretendían que se confirmara que su relación con el Ejército es permanente (ahora es temporal, por periodos de dos años de reenganche) y que se facilitara su pase al funcionariado civil de Defensa. Sus reuniones con partidos políticos fructificaron en una enmienda de Coalición Canaria que recogía sus aspiraciones, otra de Convergència i Unió, y en el apoyo de socialistas e IU. La primera fue rechazada y la segunda, modificada en un sentido en el que los cabos no se fían. El proyecto aprobado prevé la elaboración de un plan "que contemple un conjunto de actuaciones dirigidas a su calificación profesional para su incorporación a la vida civil", de aquí a finales del 2002. "¿Qué calificación para la vida civil le van a dar a un hombre que lleva 12 años a cargo de una batería antiaérea o de un obús?", se preguntan con sorna los cabos. También se quejan de que en esos años van a dar instrucción a los nuevos soldados profesionales que, a la postre, les quitarán el trabajo. Los cabos y sus familias consideran que esta fórmula sólo aplaza el problema y que de los 1.500 afectados ahora (el 90% destinados en el Sur) se puede llegar a 5.000 en la fecha tope. Por ello, no se han parado. Se han puesto a pedir en masa la permanencia en sus puestos y se las han denegado. Su abogado, Miguel Ángel Martínez, ya ha presentado 100 recursos contencioso-administrativos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y baraja un posible recurso de inconstitucionalidad a la ley: "Si la legislación laboral dice que después de tres años se es fijo en una empresa, ¿por qué no ocurre lo mismo en las fuerzas armadas?", reflexiona. Además, se han creado varias asociaciones de mujeres de cabos primeros, las más potentes en Córdoba y Cádiz. Se movilizan sus familiares porque si los cabos alzan la mano para protestar, reciben una sanción inmediata.