La Guardia Civil investiga a un comandante por recabar indultos para condenados por el "caso Ucifa"

La Dirección General de la Guardia Civil ha ordenado la instrucción de un expediente disciplinario por falta grave al comandante Serafín Gómez para determinar "la posible utilización para usos particulares de medios o recursos oficiales" en relación con la campaña emprendida en favor del indulto de tres condenados en el caso Ucifa. A través de una página en Internet, que "es completamente ajena" a la Dirección General, según el instituto armado, se está desarrollando esta petición, que ha logrado ya unas 5.000 firmas.

Llevan ya 5.000 firmas recogidas en toda España para pedir el indulto del coronel Francisco Quintero, el comandante José Ramón Pindado y el teniente Gonzalo Méndez, actualmente en prisión y condenados a ocho años por el Tribunal Supremo, el pasado 11 de enero, por pagar a confidentes con droga que provenía de las aprehensiones hechas por la Ucifa (Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga).La Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Aragón son algunas de las zonas donde se ha desarrollado más intensamente esta campaña. En Zaragoza residen familiares de Pindado y entre los firmantes hay miembros de la Guardia Civil, desde tenientes coroneles a simples agentes.

En la solicitud de indulto, difundida a través de una página web de Internet, se argumenta que "es un derecho constitucional, ya que está agotada la vía de los tribunales", según el comandante Serafín Gómez, abogado de Pindado. "La mejor forma de ayudar a quienes con exceso de celo y jamás con lucro personal han sido tan desmesuradamente condenados es enviar cuantas más peticiones mejor", se dice en la hoja de instrucciones para cursar la solicitud. Ésta va encabezada con la proclama siguiente: "En Europa sus conductas hubieran sido impunes por su eficacia contra la plaga de la droga".

Las instrucciones señalan que las peticiones pueden entregarse directamente en el Ministerio de Justicia, por correo certificado, "por conducto de la unidad correspondiente, para que la Guardia Civil las remita al Ministerio de Justicia, sellando copia" o bien "por entrega al abogado del comandante Pindado, comandante Serafín Rafael Gómez Rodríguez", del que se facilita como teléfono y dirección su despacho en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Esto es lo que ha hecho que el director general, Santiago López Valdivielso, haya ordenado la apertura del expediente.

"Estoy amenazado"

El comandante Gómez, cuñado de Pindado, recalca que las firmas en favor del indulto, en virtud de la ley 30/92, se pueden tramitar a través de las delegaciones de Gobierno para que las haga llegar al Ministerio de Justicia y ha negado que se utilice la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para promover esta campaña.

"Hay una página web en Internet, pero es particular. A mí me llegan impresos y llamadas en el despacho como me llegan llamadas de amigos por razones de seguridad, porque estoy amenazado por ETA y no puedo dar la dirección de mi domicilio", dice Gómez.

También recalca Gómez que en las hojas que se pasan por los domicilios se destaca que las actuaciones de los tres oficiales de la Guardia Civil "nunca fueron por ánimo de lucro, ni para producir un daño contra la salud de los ciudadanos. Es más, sus actuaciones estuvieron presididas por un exceso de celo profesional".

Igualmente se dice que la condena "se basa únicamente en los testimonios de traficantes arrepentidos, sus negocios fueron descubiertos por los ahora condenados, y además la figura del agente encubierto (con capacidad para comprar y diferir droga) está contemplada en otros países europeos". A la vez, se resalta que la sentencia fue firmada el 11 de enero y que la ley que contempla la figura del agente encubierto entró en vigor cuatro días después.

En las invitaciones en pro del indulto se recuerda que "el mismo caso de la Ucifa ocurrió en Francia en 1991 (caso Dijon)". En esa ocasión, según la instancia difundida por Internet, "la huelga de todos los aduaneros franceses y la comprensión de su Gobierno y Parlamento propició la inmediata amnistía de los agentes encarcelados y, sobre todo, la reforma de la legislación antidroga para convertir en conductas exentas las adquisiciones o entregas de droga, en el marco de la infiltración en las organizaciones. En nuestro caso, cabe ejercitar el constitucional derecho de petición".

Fuentes del instituto armado comentaron que Gómez "se ha tomado la campaña del indulto con mucho interés". Los mismos medios consideran que la recomendación a que los agentes tramiten las peticiones de perdón a través de sus unidades es correcta, a la vez que recalcan que "cualquier ciudadano" puede servirse de sus cuarteles.

El coronel Quintero, el comandante Pindado y el teniente Méndez deben pagar, cada uno, una multa de 100 millones, además de estar condenados a ocho años de prisión y otros ocho de inhabilitación. El Supremo condenó por el caso Ucifa a un total de seis agentes de la Guardia Civil a penas comprendidas entre seis meses de suspensión de funciones y ocho años de prisión.