La Audiencia de Alicante inhabilita por 6 años al alcalde de Callosa de Segura por prevaricación

La Audiencia de Alicante condenó ayer a José Franco Martínez, alcalde de Callosa de Segura, del PP, a seis años y un día de inhabilitación para ejercer cargo público electo por un delito de prevaricación continuada. El fallo del tribunal no es firme, ya que contra él cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Si recurre, el regidor podrá seguir desempeñando el cargo hasta la resolución del Supremo, aunque el fallo judicial puede condicionar el futuro político del condenado, una vez que el PP ha iniciado ya la confección de las listas para las elecciones municipales del 13 de junio.

El presidente de la sección segunda de la Audiencia de Alicante, José Mira Conesa, emitió un voto particular en la sentencia, en el que pide la libre absolución de José Franco. Según la sentencia, la acción que llevó al alcalde al banquillo de los acusados constituye "un ejemplo paradigmático de utilización arbitraria de la justicia". Esto es, José Franco dictó 11 decretos ordenando el pago a proveedores del Ayuntamiento de Callosa de Segura (La Vega Baja), varios de ellos a concejales actuales del PP, sin estar reconocidos los créditos ni existir consignación en el presupuesto. El alcalde carecía de competencia para dictar las resoluciones. La ilegalidad de su conducta, dice el fallo, es "clara, manifiesta y patente", ya que existían 11 informes de la interventora del Ayuntamiento que le advertían de la ilegalidad de su actuación. Conocedor de que estaba cometiendo una ilegalidad, no trasladó los decretos al secretario municipal para que éste diera fe pública y los transcribiera en el libro de resoluciones de la presidencia, como exige la Ley de Régimen Local. Los hechos enjuiciados se remontan al día 23 de mayo de 1995, cinco días antes de las elecciones municipales de ese año, en las que fue reelegido el actual alcalde. El acusado actuó a sabiendas, con propósito conocido de quebrantar un mandato legal, con pleno conocimiento de que ejecutaba un acto injusto, pues "no sólo tenía 12 años de experiencia acumulada desempeñando cargos de concejal y alcalde, sino que, además, la interventora le puso de manifiesto la ilegalidad", señala la sentencia dictada por el tribunal. La acusación particular, ejercida por Esquerra Unida (EU), reclamó una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. EU apreciaba como agravante el hecho de que el regidor se valiera de su cargo público para cometer el presunto delito. Durante el juicio oral, la acusación particular se adhirió a la solicitud del fiscal y rebajó la pena a seis años y un día de inhabilitación, finalmente suscritos por el tribunal. Facturas irregulares Los tres miembros del Partido Popular que cobraron facturas por el procedimiento supuestamente irregular son Salvador Guirao Sánchez, actual concejal de Servicios Sociales y Medio Ambiente; Francisco Llillo Trigueros, concejal de Agricultura (según el alcalde no es el edil, sino un primo suyo que se llama igual) y José Francisco Rodríguez Bernabéu, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Callosa. El presidente de la sección segunda de la Audiencia indica en su voto particular contrario a la condena que de la declaración del acusado en la vista oral se desprende que obró de buena fe y ordenó los pagos creyendo que podía hacerlo. Además, señala que la interventora del Ayuntamiento no asesoró al alcalde de cómo resolver los reparos de legalidad de los decretos y que era práctica habitual en el Ayuntamiento pagar sin asignación presupuestaria. Además, resalta que la actuación del alcalde no ocasionó beneficio o perjuicio alguno. La resolución judicial puede condicionar la presencia de José Franco en la lista electoral del PP en Callosa de Segura. En caso de que el Tribunal Supremo ratifique el fallo de la Audiencia de Alicante antes de los comicios, la destitución del regidor sería fulminante. En el supuesto de que el alto tribunal no resuelva antes de las elecciones, la dirección del PP tendría que analizar la conveniencia o no de colocar en la lista a un militante acusado de prevaricación. José Franco Martínez defendió su inocencia en la vista oral, y aseguró que firmó los decretos sin conocer que estaba cometiendo una ilegalidad. Uno de sus abogados en la causa es Manuel Ortuño, diputado autonómico y presidente del PP de la ciudad de Elche. La defensa tiene cinco días de plazo para recurrir la sentencia condenatoria en casación ante el Tribunal Supremo.