Oliveri trata de ganar tiempo y esperará otro fallo judicial antes de equiparar el sueldo de los docentes

El consejero de Educación, Inaxio Oliveri, trata de ganar tiempo en el conflicto que tiene abierto por la equiparación salarial del profesorado de la red pública con el resto de funcionarios de la Administración general. Oliveri anunció ayer ante el pleno del Parlamento vasco que esperará un nuevo fallo judicial antes de comenzar la homogeneización de las nóminas, tal y como le obligan las sucesivas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. Hasta el momento, esta instancia judicial ha fallado contra el departamento en los tres primeros casos que ha visto y aún tiene 400 recursos esperando.

La cuarta sentencia en contra de los intereses del Gobierno sería definitiva, según el consejero. "Si se ratifica la sentencia favorable a los profesores", destacó, "el departamento pasará a negociar la equiparación con todos los profesores, hayan presentado demanda o no". La generalización del fallo a los 19.000 docentes obligaría al Ejecutivo a pagar más de 8.000 millones de pesetas hasta 1998 en concepto de atrasos. La trascendencia económica que puede tener para los presupuestos el desembolso de estos miles de millones es lo que anima al titular de Educación a agotar un nuevo intento. "El interés general y la complejidad de la cuestión nos obligan a litigar", recalcó el consejero. Frente a esta teoría, la parlamentaria del PSE, Isabel Celaá, que fue quien interpeló a Oliveri, le emplazó a cumplir las sentencias, desjudicializar la educación y trasladar la cuestión a una mesa sectorial para debatirla junto a los representantes sindicales de losprofesores. Desde que el Supremo confirmó la equiparación -a principios de enero-, la consejería analiza la forma y los plazos en que abonará las cantidades que corresponden al complemento de destino de los profesores, que es el origen del conflicto salarial. Los profesores cobran por ese concepto menos dinero que el resto de funcionarios de Lakua. Las nóminas de los docentes vascos reflejan cuatro conceptos distintos: el sueldo mínimo, la antigüedad por trienios y los complementos específico y de destino. Mientras que las tres primeras cantidades se cobran con arreglo a la Ley de Función Pública vasca, por lo que son iguales para todos los funcionarios, la cuantía del complemento de destino se calcula según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta forma de valoración supone la pérdida de poder adquisitivo para los profesores. Sin embargo, el departamento sostiene que no ha pagado menos de lo acordado a los docentes, sino que el problema viene de haber imputado la misma subida a complementos distintos. Es decir, que se paga lo mismo, pero se paga en un complemento más y en otro menos. "La consejería tiene la certeza moral", zanjó Oliveri en el pleno, "de haber actuado correctamente al haber abonado a los profesores lo pactado con las centrales. El problema surge porque se ha hecho trampa desde alguno de los sindicatos, que no han respetado lo que pactó". "Actitud cerrada" La postura dilatoria de Educación ha contrariado a Comisiones Obreras, que fue el sindicato que inició el proceso judicial en 1994 impulsando las demandas personales de los profesores. Comisiones ha exigido al Gobierno el fin de su "actitud cerrada", según informa Aurora Intxausti. La dilación sólo "aumentará el gasto de tiempo y recursos y el malestar el personal docente", según la central, que recordó a Oliveri que ya existen 500 sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las cuales la mitad se están "contrastando" en el Tribunal Supremo. "El consejero espera una sentencia desfavorable a algún reclamante para dar la impresión de que el tema sigue abierto", se lamentó el sindicato.