Aprobada la ley del Ejército profesional sin el apoyo del PNV y CC

El Pleno del Congreso aprobó ayer la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que prevé la supresión del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre del año 2002 como muy tarde. Por vez primera en esta legislatura, un proyecto de ley salió adelante sin el apoyo del PNV y Coalición Canaria (CC), dos de los socios nacionalistas del Gobierno. Por el contrario, el socialista Carlos Sanjuán se mostró "de acuerdo, en general", con el proyecto, modificado con numerosas enmiendas, aunque el PSOE sólo votó a favor en una de las tres votaciones en que se dividió el articulado.

Las votaciones celebradas ayer en el Congreso de los Diputados reflejaron un vuelco en la correlación de fuerzas que se produjo el pasado 28 de mayo, cuando el dictamen de la Comisión Mixta sobre Profesionalización de las Fuerzas Armadas fue aprobado con los votos del PP, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria y la oposición del PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto.Los nacionalistas vascos y los canarios se descolgaron del acuerdo mientras que el PSOE mostró una actitud conciliadora, aún manteniendo algunas reservas.

Joxe Joan González de Txabarri, diputado del PNV, acusó al Ejecutivo de José María Aznar de romper el consenso e ignorar lo pactado en el dictamen parlamentario. Puso como ejemplo, la inclusión en la nueva ley de la determinación por decreto de las plantillas de las Fuerzas Armadas.

Criticó también la división de los oficiales en dos escalas, "basadas en la procedencia y no en la competencia", pero se felicitó por la supresión, a partir del 1 de julio, de las tareas municipales de reclutamiento.

Sin asociaciones

La negativa a que los militares puedan formar asociaciones reivindicativas, basada en las Reales Ordenanzas de 1978, fue el principal motivo de discrepancia del canario Luis Mardones, quien considera esta prohibición inconstitucional. Una opinión que comparten el PNV, Izquierda Unida y los diputados del Grupo Mixto.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, eludió abordar el fondo del asunto, pero recordó que una disposición adicional obliga a reformar las ordenanzas antes de que culmine la profesionalización, el 31 de diciembre del 2002. Se mostró, además, convencido de que este proceso se acelerará y el Gobierno anunciará la supresión de la mili a finales de este año o mediados del 2000.

El pleno sirvió para introducir más cambios en el texto. El principal, pactado entre el Partido Popular y el PSOE, atribuye al ministro de Defensa la última palabra sobre qué militares acuden al curso de capacitación para el generalato.

El proyecto dejaba la decisión a los jefes de los ejércitos, lo que cuestionaba la competencia del Gobierno para nombrar generales. Aunque el ascenso debe ser aprobado en los Consejo de Ministros, nadie puede ser general sin realizar dicho curso.