El ministro de Trabajo y el PSOE se acusan mutuamente de incumplir el Pacto de Toledo

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y el diputado socialista Alejandro Cercas mantuvieron ayer un duro cruce de críticas y se acusaron mutuamente de incumplir el Pacto de Toledo sobre pensiones. Esas acusaciones se produjeron en un debate sobre las cuentas de la Seguridad Social y sobre la decisión de la Junta de Andalucía de subir algunas pensiones más que el resto de España. El diputado de CiU Carles Campuzano recordó a ambos que el Pacto de Toledo es también "un acuerdo tácito para no considerar las pensiones tema de desgaste entre los partidos".

La primera comparecencia de Manuel Pimentel como ministro de Trabajo ante la Comisión de Política Social del Congreso sirvió para que el PSOE, a través del diputado Alejandro Cercas, expusiese sus discrepancias respecto al positivo balance del Gobierno en relación a las cuentas de la Seguridad Social, intervención que fue tildada por el ministro de "demagógica y maniqueísta".Alejandro Cercas aseguró que "la situación patrimonial es peor que en 1995", es decir, en la etapa socialista. Según sus datos, en ese año, el endeudamiento del sistema público se situaba en 2,8 billones de pesetas y ahora duplica esa cifra, y entonces el capital y las reservas eran de casi un billón de pesetas, mientras que en el momento actual "se han esfumado todas las reservas".

El diputado del PSOE acusó al Gobierno del Partido Popular de no cumplir el Pacto de Toledo, porque no se ha constituido el fondo de reserva para la siguiente generación que allí se acordó, pese a que estos "cuatro años han sido los mejores de la Seguridad Social". Y lanzó esta afirmación: "No voy a dejar que hable del alarmismo del PSOE. El único riesgo para la Seguridad Social es que ustedes sigan gobernando".

El ministro le respondió que "el riesgo está en que se utilicen las pensiones como finta electoral". En cuanto a las cuentas de la Seguridad Social, aseguró que los datos aportados por el PSOE no son ciertos.

La decisión de la Junta de Andalucía, presidida por el socialista Manuel Chaves, de subir las pensiones no contributivas (3,8%) y asistenciales (5,5%) por encima de las del resto de España (1,8%) fue otro motivo de enfrentamiento. Pimentel recordó a Cercas que él defendía en 1990 que "esas pensiones no son asistencia social, sino una prestación de la Seguridad Social y competencia de las cámaras del Estado".

El ministro acusó asimismo al PSOE de "plantear una carrera a ver quién sube más las pensiones, una carrera entre buenos y malos muy peligrosa, y más en periodo electoral. Ha sido su grupo el que ha introducido las pensiones en el mercadeo político, en contra del consenso del Pacto de Toledo".

Subida en Navarra

El diputado socialista censuró que se esté acusando a Chaves de "romper España" por subir 700 pesetas al mes unas pensiones de 37.000 pesetas, y pidió al Gobierno que "despliegue la misma energía con lo que está pasando en el País Vasco". Cercas aportó información sobre una iniciativa tomada en Navarra por el socio del PP, Unión del Pueblo Navarro, que equiparó a la adoptada en Andalucía. Está recogida en los presupuestos de la comunidad navarra, en su artículo 10.6, donde se fija para sus clases pasivas (funcionarios jubilados) una pensión mínima equiparada al sueldo de los funcionarios del nivel E, que, según los datos de Cercas, se sitúa "en 130.000 pesetas al mes, 60.000 más que las pensiones del resto de España".

La pensión mínima de viudedad se equipara al salario mínimo, "lo que supone 12.000 pesetas más que en el resto de España". Los responsables de Trabajo precisaron que esos funcionarios están en el sistema de clases pasivas y no pertenecen a la Seguridad Social, por lo que no son comparables las pensiones de ambos sistemas.

A ese cruce de acusaciones se sumó el representante del PP Gerardo Camps, quien aconsejó "moderación y que la momentánea enajenación mental de alguno de los presidentes autonómicos se pase pronto". Un enfrentamiento que tuvo continuidad en otra sala del Congreso entre el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, y el diputado del PSOE Juan Manuel Eguiagaray.

El diputado de CiU Carles Campuzano intentó bajar la crispación, recordando a los dos partidos mayoritarios que el Pacto de Toledo se gestó para que las pensiones no sirviesen de arma política y electoral.

Pedro Vaquero (IU) y Ricardo Peralta (NI) no participaron en ese debate, pero sí reclamaron al ministro que adopte iniciativas para la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales. El representante del PNV Carlos Caballero, que dijo hablar en nombre "de la Euskadi peninsular", enumeró lo que considera incumplimientos del estatuto de autonomía en política social.

Renovar los acuerdos

En cuanto a la renovación del Pacto de Toledo, cuya vigencia acaba a finales del año 2000, el ministro Pimentel recordó que son los grupos parlamentarios los que deben decidir si la ponencia donde se debe debatir se constituye este año o el próximo.

Posteriormente, el titular de Trabajo, en un foro de debate organizado por el diario económico Cinco Días y la consultora Arthur Andersen, hizo "un llamamiento a todos los partidos para que no utilicen las pensiones en el mercadeo político". También defendió la continuidad de la moderación salarial, "sin que ello signifique aumentos por debajo de la inflación, e incluso que garantice en lo posible la ganancia de poder adquisitivo, y que tenga en cuenta los aumentos de productividad".