La Comunidad aplica desde hoy el decreto que exige un seguro para los perros agresivos

El decreto regional que exige a los propietarios de 14 razas de perros de guarda y presa un seguro obligatorio de responsabilidad civil de 20 millones de pesetas y adecuar la vivienda para su posesión entra hoy en vigor, después de que fuera publicado ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El texto, además, establece que se registren e identifiquen dichos animales, que deberán ir con bozal y correa. El Ejecutivo regional, incluso, "podrá acordar la esterilización y sacrificio" de los perros que hayan cometido ataques contra personas, y si así lo determinara un juez. La violación de alguno de los preceptos del decreto puede acarrear multas de hasta dos millones y medio de pesetas.

La Comunidad de Madrid, después de consultar con la Real Sociedad Canina, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura que elabora un registro oficial y voluntario de perros, estableció una lista de 14 razas calificadas de "guarda y defensa". La relación de canes potencialmente peligrosos, que, además, son de obligatoria inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía es la siguiente: american staffordshire terrier, bóxer, pitbull terrier, bullmastiff, dobermann, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, fila brasileiro, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín, rottweiler y staffordshire bull terrier.Numerosas asociaciones ecologistas y de defensa de los animales han criticado la presencia del bóxer en la lista, por considerar su agresividad potencial mucho menor a la del resto de razas incluidas.

Agresiones

Según los cálculos del director general de Agricultura y Alimentación, Adolfo Cazorla, en la Comunidad de Madrid hay unos 400.000 perros censados, de los cuales 8.200 son de guarda y defensa. Un portavoz de la Policía Municipal indicó que se han registrado más de 500 denuncias por agresiones caninas en el último año, aunque la mayoría fueron de poca consideración. Llama la atención que un elevado porcentaje de denuncias ha sido presentado contra los cóquer de color canela (que no figuran en la lista de los perros de guarda y defensa que incluye el decreto).

Además de establecer una serie de normas preventivas, la normativa regional aumenta las sanciones existentes hasta ahora. En lo que concierne al perro, se puede esterilizar o sacrificar si tiene antecedentes penales y si así lo establecen los jueces. En lo que respecta al dueño, todo depende de cuántos artículos del decreto incumpla. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 5.000 a 200.000 pesetas; las graves, de 200.001 a 400.000, y las consideradas muy graves, con multa de 400.001 a 2.500.000.

El decreto, elaborado en los primeros cuatro días de febrero, dispone que la tenencia de los perros estará supeditada a las "características higiénico-sanitarias de sus alojamientos y a la ausencia de riesgos y molestias para sus vecinos". La Comunidad también regula la venta. Los propietarios deberán comunicar la cesión del perro al Registro de Animales de Compañía, y los nuevos dueños, identificarse e inscribirse. Los establecimientos de venta de animales de compañía, por su parte, "deberán notificar a los compradores la obligatoriedad de cumplir las disposiciones".

El vendedor, además, precisará de los permisos y licencias correspondientes. La intención del Ejecutivo madrileño, en este punto, es intervenir también en el sector de la cría.

A pesar de la norma de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid ya posee una de las legislaciones más duras sobre la circulación de perros, aunque no distingue entre razas. Ejemplo de ello es que sólo permite que circulen libremente estos animales en parques públicos entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana en invierno. En verano, el margen empieza a las diez de la noche.

De todas formas, la ley de carácter general dictada en 1976 por el entonces Ministerio de la Gobernación ya exigía la correa y el bozal para los perros "cuando la peligrosidad del animal lo aconseje".