No importa, que más da

En los últimos meses, y de forma recurrente, vienen apareciendo noticias sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Industria y Energía, hechos que, pese a haber sido aclarados de forma reiterada por el ministro en diversas comparecencias parlamentarias, siguen siendo titulares de prensa en determinados medios de comunicación. Una vez más, y con el deseo de que la opinión pública tenga conocimiento directo, de primera mano, de la realidad, voy a tratar de explicar estos hechos.

En relación con la subvención concedida a la empresa Torcidos Ibéricos, se realizan dos acusaciones. En primer lugar, se nos imputa que una empresa textil reciba ayudas del Plan de la Minería. No importa ignorar que precisamente la finalidad del Plan de la Minería es apoyar proyectos alternativos y distintos de la minería, razón por la cual las ayudas públicas han de ir destinadas a proyectos no mineros. En segundo lugar, se imputa que Torcidos Ibéricos no está ubicada en un municipio minero. No importa ignorar que en la Orden Ministerial de febrero de 1996 se contemple expresamente la posibilidad de apoyar empresas que no estén en municipios mineros, siempre que afecte al empleo minero. No importa olvidar que gracias a este proyecto se crearon 62 puestos de trabajo, de los cuales 18 eran trabajadores de la minería que habían quedado sin trabajo. Todo eso no importa, qué más da.

En relación con la subvención a Uría Motor, se imputa al ministerio que se haya dado una subvención a una empresa en cuyo accionariado figura el señor Pérez Villar, que fue condenado por prevaricación. No importa que este proyecto cumpliera todos los requisitos legales necesarios para percibir la ayuda pública; no importa que se crearan 31 puestos de trabajo; no importa que exista un informe de la Abogacía del Estado que expresamente señala que la condena por prevaricación de uno de los accionistas no inhabilita a la empresa para percibir la ayuda pública. No importa, qué más da.

En relación con las subvenciones y préstamos al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) se nos imputa que las ayudas se concedieran antes de finalizar el plazo de la presentación de solicitudes y que se haya favorecido de forma indebida a este Ayuntamiento. No importa que en la ejecución de todos los Programas de Ayudas Públicas se vayan dictando propuestas de resolución a lo largo del ejercicio; no importa que no sea posible esperar al 1 de octubre para empezar la tramitación de expedientes de proyectos de ese mismo ejercicio; no importa que el plazo para dictar resolución obligue al pronunciamiento antes del cierre de la convocatoria; no importa que en el Ayuntamiento de La Carolina la tasa de paro se situara en torno al 50% de la población; no importa que sea uno de los municipios declarados de prioritaria actuación por la propia Junta de Andalucía; no importa que gracias a todos estos proyectos se puedan crear más de 1.000 puestos de trabajo; no importa que La Carolina sea el término municipal en el que más proyectos se han presentado (el 24% del total); no importa utilizar este porcentaje indebidamente, afirmando que La Carolina ha recibido el 24% del total de fondos, cuando sólo ha recibido el 4%. No importa, qué más da.

En relación con el Acuerdo de la Comisión Delegada sobre el rescate del crédito de 8.500 millones concedido a Ercros, se nos imputa que su rescate en 1.100 millones es indebido y que supone un "regalo" de 7.500 millones. No importa que el crédito concedido en 1994 por importe de 8.500 millones fuera sin interés, sin plazo de devolución, que fuera participativo y su posible devolución dependiera de hipotéticos futuros beneficios y hasta un máximo del 15% de los mismos; no importa que el valor de rescate de dicho préstamo fuera calculado por un tercero independiente en una cifra irrisoria en comparación con la que se obtuvo; no importa que gracias a este acuerdo Ercros pagara sus deudas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social; no importa que las condiciones de recuperación de los fondos públicos hayan sido más beneficiosas que para los fondos privados; no importa que gracias a todo ello se puedan mantener más de 1.000 puestos de trabajo. No importa, qué más da.

Y, al parecer, con relación a todos estos asuntos, no importa tampoco que exista, en todos los casos, un procedimiento de concesión escrupulosamente cumplido, que incluye la actuación de comprobación previa de la Intervención Delegada, que fiscaliza todos los pagos que se realizan en este ministerio. Eso tampoco importa, qué más da. Por último, todas estas acusaciones que tan injustamente se efectúan suponen también una injusta acusación para el equipo de profesionales que trabaja en este ministerio. Es obvio que estos expedientes no son tramitados, examinados y resueltos por el ministro de Industria y Energía en la soledad de su despacho, sino que detrás hay un equipo profesional que se esfuerza diariamente en hacer las cosas lo mejor posible; no importa atacar injustamente a quienes tratan de desarrollar su trabajo de la mejor manera posible; no importa desprestigiar a ese equipo que ha trabajado de forma objetiva, profesional e independiente para el actual Gobierno y para Gobiernos anteriores; no importa que muchos de ellos hayan sido altos cargos con el anterior Gobierno; no importa que muchos de ellos tengan hoy responsabilidades por haber demostrado su valía durante una larga carrera, que comienza mucho antes de la llegada del actual Gobierno. No importa, qué más da.

No quiero concluir sin que todos ustedes sepan que en el Ministerio de Industria y Energía lo que de verdad no importa es que cada semana se intente desestabilizar nuestra labor con un nuevo "escándalo", artificialmente instrumentado a partir de la manipulación interesada de la realidad; no importa que se rebusque entre más de 8.000 expedientes esperando encontrar lo que no existe; no importa que, a pesar de reiteradas explicaciones contrastadas con hechos, se insista siempre en los mismos temas. No importa porque seguiremos trabajando todos los días con la intención de cumplir con nuestra obligación y contribuir a defender y mejorar la situación de la industria y de los ciudadanos españoles. Eso es lo esencial. Lo demás, sinceramente, no importa, qué más da.