Fusiones y política

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, reabrió el pasado miércoles el debate sobre la conveniencia de que las cajas se fusionen al declararse "deseoso" de participar en una operación de este estilo. Un día después, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, defendían la existencia de una sola caja de ahorros en sus respectivas comunidades autónomas.Dos mensajes aparentemente en sintonía, pero que divergen en cuanto se atiende a su desarrollo. Blesa defiende que esas fusiones sean entre entidades de distintas comunidades autónomas. Al presidente de Caja Madrid no le queda otro remedio, dado que por más que quiera no se puede fusionar con otra caja en su territorio. Sin embargo, la diferencia de fondo entre los dos planteamientos es mucho más profunda. Blesa, y con él la inmensa mayoría de los gestores de las cajas, reclama que la política no intervenga en el día a día del funcionamiento de las entidades. De hecho, defiende la teoría de que los consejos y las peticiones de carácter político -léase vía obra social- sólo se hagan "después de impuestos".

Una tesis, la no injerencia política en la gestión, que también propugna Manuel Pizarro, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Pizarro ha sostenido reiteradamente que en un mercado tan competitivo y con unos márgenes tan estrechos como los actuales, un movimiento de carácter político equivocado puede dar al traste con la competitividad de una entidad.

Temor en los gestores

Los ejecutivos del sector temen que detrás de la idea de contar con una sola caja por comunidad autónoma se esconda la intención de utilizarla como una especie de instrumento de política económica al servicio del correspondiente Gobierno regional, con los riesgos que ello podría conllevar. Y recuerdan un decreto de Castilla y León que predetermina ciertas inversiones de las cajas de la región. Algunos de esos ejecutivos van un poco más allá y detectan el germen de bancos centrales autonómicos en proyectos como el vasco o el gallego.

Los Gobiernos de las comunidades autónomas sostienen que los primeros interesados en que las cajas funcionen son ellos, que, además, son los que tienen la obligación de vigilar su salud. Un doble argumento que completan con el siguiente: las cajas de ahorros tienen, desde su nacimiento, una clara vocación regional a la que no deben renunciar en ningún caso.

Y por ello han de coger músculo, han de fortalecerse ante la competencia que ejercen bancos y cajas de ahorros de mayor tamaño que se expanden a golpe de talonario en busca de más negocio.