El Tribunal Supremo no desclasificará el espionaje del Cesid a HB en Vitoria

La sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno a desclasificar los papeles del Cesid sobre la guerra sucia no se repetirá en el caso del espionaje a la sede de HB en Vitoria. La Sección Séptima de la Sala Tercera del alto tribunal acordó el miércoles no admitir a trámite, por defecto de forma, el recurso de Iñigo Iruin. El abogado de HB pretendía que el Supremo anulase la decisión adoptada el pasado 24 de julio por el Consejo de Ministros, que se negó a informar a la juez sobre la operación del Cesid por su carácter secreto.

El caso del espionaje del Cesid en la sede de Herri Batasuna (HB) de Vitoria, uno de los primeros procesos judiciales a los que tuvo que enfrentarse el Gobierno de José María Aznar, ha dado un giro inesperado, que limita sustancialmente las posibilidades futuras de la investigación. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó el pasado día 10 un auto en el que declara la inadmisibilidad del recurso presentado por Iñigo Iruin. El Supremo no entrará, por tanto, a revisar la decisión del Consejo de Ministros, que se negó a facilitar una serie de datos solicitados por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, quien los calificó de "indispensables" para la causa.

La inadmisión del recurso, que ha contado con el informe favorable del fiscal, se basa en un defecto de forma: aunque Iruin presentó su escrito dentro de plazo, no lo hizo en el lugar adecuado.

Según el auto, el último día hábil para recurrir era el sábado 5 de diciembre de 1998, jornada laborable a efectos de presentación de recursos en el registro del Supremo. El letrado de HB entregó su escrito el viernes 4, pero no lo hizo en el alto tribunal, sino en el juzgado de guardia de Madrid, de forma que no llegó al Supremo hasta el día 9, por lo que resulta "extemporáneo".

La presentación del recurso en el juzgado de guardia, argumenta el auto, no estaba justificada, pues esta vía sólo es válida cuando resulta imposible acudir al tribunal competente, lo que no ocurre en este caso, ya que pudo hacerlo el sábado día 5.

El caso estalló el 31 de marzo del año pasado, cuando unos operarios de telefónica descubrieron casualmente, al cambiar la centralita de la sede de HB en la calle de Ramiro de Maeztu de la capital alavesa, unos cables que procedían del piso superior, desde el que podían interceptarse las comunicaciones por teléfono, fax y ordenador. Tras un registro del piso, en el que se incautaron documentos con la identidad real de un agente del Cesid, la juez Lasanta tomó declaración como imputados a varios miembros del servicio secreto y al propio director general, Javier Calderón.

Cese de dos cargos

En su comparecencia ante el Congreso, el 22 de abril de 1998, el ministro de Defensa, Eduardo Serra -su dimisión fue solicitada por el PNV, IU y el Grupo Mixto-, reconoció que, "efectivamente, existía en Vitoria una infraestructura técnica del Cesid". También anunció el cese de dos cargos intermedios del servicio secreto; uno de ellos, el coronel responsable de la base de Vitoria, quien falleció un mes más tarde a causa de un infarto. Después de que Serra y Calderón se negasen a facilitar información a la juez, amparándose en la ley de Secretos Oficiales y en un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1986, aquélla elevó al Gobierno una exposición razonada en la que pedía que se desclasificasen los datos relacionados con la operación.

El Consejo de Ministros se negó a desclasificar la información solicitada, amparándose en que afectaba de lleno a la lucha antiterrorista, pese a que la juez advirtió de que, de no obtener respuesta a sus preguntas, "simple y llanamente esta instrucción está abocada al fracaso".

El recurso de Iruin, cuya admisión a trámite ha rechazado el Supremo, pretendía que la Sala Tercera obligase al Gobierno a desclasificar los datos pedidos, tal como hizo en su sentencia de 4 de abril de 1997 con los papeles del Cesid incautados al ex coronel Juan Alberto Perote.

La instrucción del sumario por las escuchas a HB permanece prácticamente paralizada desde julio de 1998 debido a los cambios de titular que se han producido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria.

Carmen Lasanta pidió el traslado voluntario y fue sustituida por el juez Juan Manuel Aguilar, quien, a su vez, ha sido recientemente sustituido por su actual titular, Mariano Herrero. Tras la decisión del Supremo, éste deberá decidir si archiva el caso o si mantiene las actuaciones contra las personas identificadas.